La exención de la tasa de ocupación de vía pública para las terrazas de hostelería y los puestos ambulantes durante el último cuatrimestre de este año supondrá una merma de los ingresos municipales que la Tesorería cifra en 140.000 euros en su informe de sostenibilidad financiera. La recaudación anual en un años ordinario por este concepto suma 390.000 euros.

La supresión puntual de la tasa entre los meses de septiembre a diciembre, que se suma a los meses de enero y febrero que tampoco se han girado debido a que no pudieron funcionar las terrazas debido a  Filomena, forma parte de la modificación de las Ordenanzas Fiscales, que este martes fue explicada a las asociaciones vecinales en el seno del Consejo Municipal de Asociaciones de Vecinos.

En este sentido, la responsable política de la Hacienda municipal descartó que el equipo de Gobierno vaya a implementar exenciones similares en la tasa de la basura o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los locales hosteleros o negocios que se han visto obligados a cerrar por las restricciones Covid, tal y como ha reclamado el grupo municipal popular.

«Para los colectivos que se han visto afectados negativamente por la pandemia hemos ejecutado ya una línea de ayudas directas por más de 500.000 euros, cantidad a la que hay que sumar el millón de euros, procedentes de los remanentes que si no se aprueban esta semana en Junta de Gobierno Local se aprobarán la próxima», explicó Mar Álvarez.

Además de la tasa por el aprovechamiento especial y utilización del dominio público, la modificación de las ordenanzas fiscales para este año afecta también al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y a la tasa por licencias urbanísticas y por la prestación de servicios públicos  municipales de orden urbanístico.

Ambas modificaciones, que no acarrean bajadas fiscales pero sí simplificación administrativa obedecen  a la reciente entrada en vigor de la Ley 1/2021, de 12 de febrero de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas aprobada  por las Cortes de Castilla-La Mancha, que modifica el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

«Queremos ser pioneros en su aplicación», subrayó la concejala de Hacienda.

Rellenando  una  declaración responsable  los ciudadanos de la capital  podrán  comenzar  una obra menor por cuantía superior a 30.000 euros, entrar a vivir en una vivienda nueva o instalar paneles solares en un plazo de 15 días si en esas dos semanas la administración local no plantea objeciones.

Para poder beneficiarse de esta simplificación de los trámites administrativos, la actuación para la que  se  pide  licencia  debe  estar ubicada en suelo urbano consolidado.  Además, están excluidas aquellas actividades que afecten al  medio  ambiente,  al  dominio público o al patrimonio histórico o cultural.

«Ahora que empezamos a ver la luz y a recuperarnos; ahora que los negocios van a volver a abrir vamos a facilitarles administrativamente esa puesta en marcha», subrayó Álvarez. Un mensaje en el que también abundó el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana. «El día 9 acaba el Estado de Alarma y como ciudad estamos en condiciones de abordar ese futuro esperanzador, que pasa por la recuperación y revitalización. Estamos esperanzados en que así ocurra, porque ya llevamos mucho tiempo en el que todos estamos aguantando presión, incomodidades y medios», sentenció.