Ni la Seguridad Social ni las asesorías dan abasto estos días para resolver consultas de burgaleses que han decidido precipitar su jubilación al albur de los anuncios gubernamentales y de la amputada reforma de las pensiones que el ministro Escrivá va sacando por episodios. Todo, sintiendo el aliento de la Unión Europea, que exige resultados antes de final de año a un ministro que no ha demostrado demasiada previsión en su gestión. Ha llegado Escrivá a culpar del retraso de su reforma a las elecciones en la patronal española, un argumento falaz, puesto que ha tenido mucho tiempo para negociar con un agente social, la CEOE, que ya ha anunciado que no tragará con más políticas unilaterales.

El Gobierno, inmerso en una agenda política cuya finalidad no va más allá de la mera supervivencia en el poder, anunció a los cuatro vientos que el incremento de las pensiones para el 2022 será del 8,5%, por encima de la inflación real y también, y esto es crucial, por encima de la penalización que sufrirían muchos trabajadores que pretendieran jubilarse en el corto plazo y no tuvieran suficientes años cotizados. Porque esos empleados han echado cuentas y les salen. Vaya si les salen. La penalización no alcanza al incremento, así que cualquiera que se jubile dentro del 2022 se apuntará un 8,5% en la 'negociación' con el sistema de pensiones.

La consecuencia era previsible: se están produciendo peticiones en masa para gestionar el retiro temprano, lo que de facto implica que el sistema ingresará menos y pagará más. Un triunfo para el Ministerio que iba a equilibrar las cuentas. Lo siguiente, está anunciado, es forzar el incremento de las bases de cotización. Los sindicatos, que fueron muy laxos cuando Escrivá comenzó a endurecer la jubilación anticipada a los trabajadores, piden ahora al Gobierno que, una vez apartada la patronal de la mesa de diálogo, fuerce el mayor incremento posible de las bases de cotización. Eso, huelga decirlo, encarece la contratación, y no parece que España se asome a un horizonte de creación de empleo como el que se podía manejar un año atrás. 

El relato estaba escrito. Para compensar unas subidas de las pensiones muy suculentas frente a la inmediatez de las urnas, el Ejecutivo busca el camino para alzar las cotizaciones -el coste de emplear- por encima de esos incrementos. No hay chisteras ni generación espontánea. Cada vez que el Gobierno da tiene que coger, y eso no sale gratis. El camino emprendido por José Luis Escrivá vivirá en los próximos días un nuevo episodio, cuando, atenazado por los plazos y presionado por la parte de la mesa de negociación que le pone la alfombra roja, se justifiquen medidas que pueden poner el 2023 muy empinado.