La letra pequeña de la crisis que germinó con las hipotecas ‘basura’ y sumió al mercado inmobiliario en una recesión sin precedentes aún humea. La universalidad del problema se superó hace años, pero quedó mucha letra pequeña escrita para ser leída a conveniencia de quienes vieron un negocio en el cataclismo, caso de los fondos de inversión, popularmente conocidos como ‘fondos buitre’ en una poco disimulada definición de su vocación. Una de las consecuencias latentes es que hay cientos de familias en Burgos que no saben que la casa en la residen, y de la que no fueron desahuciados porque pactaron un ‘alquiler social’ que sustituyera a sus obligaciones hipotecarias, va a ser vendida. Sí, con ellos dentro.
Los fondos ya han comenzado a comercializar estas viviendas sin ocultar las condiciones ‘sociales’ de las mismas. Buscan empresas de pequeño y mediano tamaño especializadas en su adquisición para renegociar el alquiler al alza o encontrar la forma de sacar a esas personas de sus casas y vender a precio de mercado lo que compraron como saldo. No hay clemencia, solo números. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierten (en las páginas de esta misma edición) que la problemática es aún incipiente pero pronto será dramática. Ya no habrá sucursales frente a las que protestar, no habrá empleados de banca sudando contratos y, por supuesto, no habrá gobierno protector. Los fondos no tienen cara y eso es jugar con mucha ventaja.
Es esta una realidad tan sórdida como reveladora de en qué está ocupado el multitudinario consejo de ministros en lo tocante a la política de vivienda. Anuncia el ministro del ramo, José Luis Ábalos, que antes de verano se habrá articulado la fórmula legal para habilitar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a limitar el precio del alquiler. Lo legitima en el constitucional derecho de acceso a la vivienda, pero ni palabra de otros derechos como los relativos a la propiedad privada o el libre mercado.
Nada ni nadie tiene más mecanismos que las administraciones públicas para poner al servicio de los ciudadanos vivienda digna a precios razonables, pero eso requiere esfuerzo, planificación y detraer dinero de cuestiones más deslumbrantes para llegar a urnas cortando cintas. A más, son algunas de esas administraciones a las que el ministro les quiere dar la potestad limitadora del alquiler las que se libraron sin miramientos de su responsabilidad con el acceso universal a la vivienda y se la colocaron a los ‘fondos de inversión’, mientras que otras jamás movieron un euro en políticas activas de vivienda. El recurso al veto, a la intervención del mercado y a la legislación punitiva es la salida más fácil y la que, en sí misma, mejor define a quien la abraza.