Durante el último año, «15 vehículos de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo han tenido un informe desfavorable en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)». Las deficiencias más comunes que han provocado el suspenso están relacionadas con «el alumbrado, los frenos, las lunas, los neumáticos y la amortiguación». Para empeorar las cosas, en la Comandancia existen «37 vehículos que superan los quince años de antigüedad y otros 88 han recorrido más de 300.000 kilómetros». Es «inaplazable proceder a la renovación de la flota», reconoce el Gobierno.

Los datos salen de la respuesta parlamentaria a una pregunta efectuada por el diputado Manuel Mariscal (Vox). A pesar de reconocer las deficiencias, el Gobierno admite que se ven obligados a mantenerlos en uso para que las Unidades de la Guardia Civil continúen operativas.

El problema es que «la falta de disponibilidad presupuestaria de los últimos años» se traduce en una insuficiente tasa de renovación de los vehículos y obliga al uso ininterrumpido de los que están disponibles, aunque sus condiciones no sean las idóneas.

En este punto el Gobierno asegura que «la renovación de la flota de vehículos se va acometiendo conforme a la disponibilidad presupuestaria existente» e informa de que ha diseñado un programa de actuación a desarrollar entre los años 2020 a 2027 para rejuvenecer la flota.

Compra y prioridades. Explican que la adquisición de vehículos se realiza de forma centralizada para la totalidad de la Guardia Civil y que en esa bolsa común para el presente año 2020 tienen previsto un gasto de 26.544.981 euros, distribuyéndose posteriormente las compras «conforme a las necesidades priorizadas» de cada una de las Unidades, por lo que a la Comandancia de Toledo le serán adjudicados nuevos vehículos en «una proporción similar» al resto de Unidades.

Aparte de esa cantidad el Gobierno se compromete a realizar «la inversión necesaria» durante los años siguientes, con el objetivo de que en el año 2028 se haya logrado contar con «una plantilla actualizada».