La rápida respuesta del Gobierno de España aprobando un decreto ley para adaptar el impuesto de plusvalía al dictamen del Tribunal Constitucional tiene segunda parte. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, valoró enseguida la iniciativa, pero el gesto se queda cojo y es necesario que se ofrezcan otras medidas que ayuden a paliar la pérdida de ingresos en los ayuntamientos por la adaptación de la cuota tributaria de un impuesto que genera una recaudación anual en Toledo de unos cinco millones de euros.
Tolón insiste en que los ayuntamientos son «la administración más cercana y sufren más» que otras entidades. Por tanto, avanza que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que es vicepresidenta, abordará este asunto en una reunión prevista para la próxima semana con el objetivo de que el Gobierno de Sánchez habilite un fondo de compensación para los ayuntamientos con el objetivo de amortiguar las pérdidas que se avecinan con la adaptación de las plusvalías.
En este caso, los técnicos municipales llevan días echando cuentas y calculando el alcance de la sentencia del Constitucional y el decreto ley del Gobierno, y calculan unas pérdidas «de 1,2 millones de euros», según avanza Tolón, en un impuesto con el que se suele ingresar unos cinco millones de euros al año. Si bien, la alcaldesa tiene claro que el ayuntamiento garantizará «los servicios y los adaptará a la nueva situación», aunque a efectos prácticos el presupuesto del próximo año no variará. Y en esta misma problemática se encuentran el resto de administraciones locales, puesto que las plusvalías suelen generar entre un 5 y un 6% de los presupuestos municipales.
En relación a la plusvalía, Tolón insiste en que se trata «de un impuesto que tiene mala prensa», pero cree necesario ir más allá y no limitarse a esta postura porque gracias a los ingresos que genera en Toledo el Ayuntamiento puede ofrecer servicios públicos como la limpieza de colegios y centros municipales, con un coste de cinco millones anuales.
Respecto a las plusvalías, el Ayuntamiento retoma el cobro hoy tras haberlo suspendido el pasado 27 de octubre «por prudencia» tras conocer el dictamen del Tribunal Constitucional. Tolón subraya además que el impuesto vuelve a estar en vigor como tributo conforme al modelo de Hacienda y los contribuyentes tendrán obligación de pagar salvo que no se obtenga ganancia patrimonial con la transmisión de una vivienda y se brinda la posibilidad de calcular el importe de dos formas distintas, a través del valor catastral con unos nuevos coeficientes o calculando la ganancia real, es decir, la diferencia entre el precio de adquisición y de venta.
financiación. Tolón remarca la importancia y el papel de la FEMP en esta problemática y aprovecha la ocasión para recordar al Ejecutivo central la necesidad de abordar «una refinanciación local» porque las administraciones locales mantienen «muchas competencias impropias» con mucho esfuerzo y cuando se producen «estos palos se dirigen siempre a los ayuntamientos».