Aunque esta semana el décimo aniversario del cese de ETA copó los periódicos e informativos, lo cierto es que hasta unos días antes se abrió un debate controvertido, el de si se podían descentralizar las instituciones nacionales. Fue el presidente Pedro Sánchez el que lo comenzó a sugerir hace un mes, obteniendo una pronta y virulenta contestación de la regidora de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lo interpretó como un ataque frontal a la capital.  

Aunque no lo parezca, no es la primera vez que esto se plantea. De hecho, durante muchos años y antes de que se desatara la fiebre separatista en Cataluña, hasta se habló de llevarse el Senado a Barcelona. Parece ciencia ficción pero no lo es.

Lo que sí se movió a la Ciudad Condal fue la Comisión de Mercados de las Telecomunicaciones (CMT). Fue en 2004, con Zapatero. El organismo se trasladó a Barcelona en 2005, pero no fue hasta 2010 cuando se estrenó la sede en el distrito tecnológico de la capital catalana en 2010: un edificio de 12.000 metros cuadrados que costó 61,5 millones de euros.

Tres años más tarde, Rajoy hizo desaparecer la CMT, curiosamente con el apoyo de CiU, que exigió que Barcelona mantuviese la dirección de las resoluciones sobre telecomunicaciones.

Los defensores de la descentralización defendían que después de aquella polémica mudanza, Barcelona se estrenó como capital mundial del móvil y acogió el Mobile World Congress, a la vez que despachos especializados en tecnología fueron llevando allí sus sedes.

Zapatero promovió aquel traslado como una muestra de la España plural que propugnaba, tras un acuerdo con el entonces president, Pasqual Maragall, que como líder del PSC fue uno de los precursores de una idea que hasta no hace mucho rondaba a los socialistas catalanes: trasladar el Senado a Barcelona y descentralizar así las Cortes.

Desde entonces, al debate público español, y más el fin de semana pasado después del 40 Congreso del PSOE, donde volvió a abrirse el melón, se ha sumado la cuestión de la despoblación, que algunas voces consideran que se podría combatir con una mayor presencia de los organismos públicos del Estado en los territorios más vaciados.

Oficialmente, La Moncloa no ha concretado qué organismos podrían ubicarse en un lugar distinto a Madrid, pero fuentes gubernamentales sí han apuntado que serían de nueva creación.

Debate y «majadería»

El planteamiento de Sánchez de abrir un debate «leal pero sano y necesario» sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país enfadó a Ayuso, que tachó la iniciativa de «majadería» y un «ataque directo a la capital de España», además de un perjuicio para los funcionarios, a los que «defenderá».

La realidad es que en la capital confluyen casi la totalidad de las instituciones del Estado, incluidos todos los ministerios, las Cortes y los altos tribunales: el Constitucional, la Audiencia Nacional el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, además de muchos otros organismos como el Tribunal de Cuentas, los centros públicos de investigación, los organismos culturales...

Hay contadas excepciones: la Escuela Judicial tiene una sede en Barcelona; la Escuela Nacional de Policía está en Ávila, y en Baeza (Jaén) se encuentra la Academia de Guardias de la Benemérita.

Mientras, en Navarra se ubican el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (San Adrián) y el Centro Nacional de Energías Renovables (Sarriguren), y en Extremadura se halla la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida o el Centro de investigación y desarrollo del Cerdo Ibérico de Zafra (Badajoz). Y algunos de los centros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) tienen sede fuera de Madrid. Las Confederaciones Hidrográficas y algunos museos nacionales (Valladolid, Mérida y Cartagena) son otras salvedades.

Más allá de mover instituciones ya asentadas en Madrid, la cuestión es qué pasará con las que se monten desde cero. Así, el Instituto Nacional de Ciberseguridad se creó de nueva cuña en León, y Zapatero impulsó también allí la Ciuden (la ciudad de la energía), que cuenta con un museo y albergará un proyecto de innovación sobre el reto demográfico, según anunció Sánchez.

Además, el Ministerio de Seguridad Social tiene en mente trasladar el Centro de Procesamiento de Datos a Soria, la provincia más despoblada de España.

Si el proyecto de descentralizar pasa por mover también a trabajadores, el Gobierno se topará previsiblemente con el rechazo de estos. «Nos parece una polémica estéril, dentro del cruce habitual de reproches entre Gobierno y oposición. No hay nada concreto. Además, ya hay múltiples organismos y delegaciones de la Administración del Estado fuera de Madrid», defiende CSIF, el sindicato más representativo de las instituciones públicas.

De todos modos, aunque el Gobierno no ha dado pistas sobre posibles mudanzas, Sánchez ha ordenado a su equipo que busque sedes fuera de Madrid para nuevas instituciones. O quizás no tan nuevas. La puja ha comenzado.