Ha sido una cuestión que podía haberse evitado y que ha empañado una decisión acertada, adecuada y muy necesaria en el proceso de transparencia y la ejemplaridad que ha iniciado Felipe VI. La decisión del rey de hacer público su patrimonio, su procedencia y cómo lo tiene guardado o invertido fue adoptada con conocimiento del Gobierno y del Partido Popular y transmitida a los partidos denominados constitucionalistas, mientras que quedaron fuera todos los partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas que se consideran antimonárquicos.

Que sean antimonárquicos no quiere decir que sean inconstitucionales. Si así lo fueran, estarían prohibidos como ocurrió con alguno de ellos que en su día no condenaron la violencia terrorista. Pero ahora son partidos que tienen detrás de ellos millones de votos y que en algunos casos son los más votados en sus territorios. Fue el propio Felipe Vi quien en su discurso de proclamación como rey afirmó que España "es un lugar en el que cabemos todos" y se comprometió a reinar para todos los españoles.

Con su actitud, el rey y el Gobierno no han hecho sino fomentar el victimismo de los partidos antimonárquicos y han reforzado a los partidos que defienden la monarquía con un sentido patrimonialista y excluyente, lo mismo que hacen con otros símbolos comunes. En sentido contrario, el acuerdo sobre la decisión del rey es el primer pacto entre Gobierno y PP desde la llegada de Feijóo al liderazgo del partido conservador. 

La publicación del patrimonio de Felipe VI ha ido acompañada del decreto de reestructuración de la Casa del Rey que permitirá una puesta al día de la institución monárquica para transmitir a la sociedad la convicción de que la etapa protagonizada por el rey emérito y sus problemas judiciales relacionados con la corrupción económica son un pasado que no volverá. Porque en la actitud de Felipe VI pesa mucho el deterioro del prestigio de la Corona y porque está convencido de que solo con ejemplaridad puede volver a dar a la monarquía el respaldo popular que ha tenido, pero pasando del juancarlismo al convencimiento de que se trata de una institución que cumple su función constitucional sin despertar recelos.

Estas dos medidas que afectan a la Corona vienen a completar otras decisiones adoptadas por Felipe VI en la senda de la transparencia sobre sus actividades, el uso de sus presupuestos, los contratos que suscribe, el destino y la cuantía de los regalos y el código de conducta del personal al servicio de la Jefatura del Estado.

Pero con ser importante, todo lo que ha hecho el rey por modernizar la Corona queda por resolver las cuestiones importantes que no pueden abordarse porque requerirían de una reforma constitucional que nadie está dispuesto a abordar porque derivarían en un debate sobre el modelo de Estado. Ni tan siquiera ha sido posible llevar a cabo la redacción de una ley de la Corona a la que ha renunciado el Gobierno.

La reforma de los artículos sobre la sucesión en la Corona o sobre la inviolabilidad del rey circunscrita solo al ejercicio de sus funciones son dos de los aspectos esenciales que tarde o temprano tendrán que abrirse porque constituyen dos anomalías democráticas que pueden acabar convertidas en problemas difíciles de resolver.