Hay documentos que aportan mucha información más allá de las cifras de actividad que alumbran el funcionamiento de un órgano. Es lo que ocurre con la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021 que acaba de publicarse, un amplio volumen de más de 1.500 páginas que alude al ritmo, la salud y las distintas carencias que se observan en los juzgados e invitan a la reflexión.

En este caso, la Fiscalía de Toledo ha expuesto algunas de esas deficiencias, la mayoría conocidas de años anteriores, y ha puesto el acento en las víctimas de nuevo para solicitar que dispongan de «dependencias adecuadas» en los edificios judiciales que garanticen su protección, sobre todo, en casos con víctimas de violencia doméstica, de género o todas aquellas de carácter vulnerable. 

En concreto, la fiscal delegada insiste en la problemática que se detecta fundamentalmente en los juicios rápidos durante la guardia por la ausencia de espacios físicos propios para las víctimas. Ante esta carencia en los órganos judiciales de la provincia, «las víctimas son ubicadas en pasillos internos, salas de comparecencias, sala de matrimonios, etc., con la finalidad de impedir que coincidan con los investigados».  Aun así, la fiscal relata la imposibilidad «de controlar que las víctimas, incluidas las de violencia de género, no puedan comunicarse con el letrado del investigado y con los familiares de este último, lo que ha dado lugar a situaciones indeseables».

Si bien, en el ámbito del procedimiento abreviado, sumario ordinario y tribunal del jurado, los fiscales están muy pendientes de que se preserven «todos los derechos» de las víctimas en las fases procesales».

mejoras. Más allá de las carencias materiales, desde la Fiscalía se alude también a la falta de personal de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Toledo (OAV), situada en el mismo edificio que la Fiscalía, algo que favorece el contacto entre ambos. No  es la primera vez que en la memoria de la Fiscalía General del Estado se refleja esta carencia, ya que el año pasado se apuntó la falta de personal y la sobrecarga de trabajo de la psicóloga al ejercer funciones que transcienden su cargo. Además, en esta ocasión se solicita la incorporación de un jurista y de un trabajador social para mejorar la respuesta y garantizar el cumplimiento del Estatuto de la Víctima.

Esta oficina, que cuenta con más de 1.300 casos anuales aproximadamente, también llama la atención del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, algo que también refleja en la memoria desde hace tiempo por la compleja tarea de una oficina que conjuga las labores administrativas y asistenciales.

Asimismo, la fiscal delegada también plantea la necesidad de contar con un perito psicólogo en las guardias, sobre todo, «para fortalecer la posición de esas víctimas, y dotarles de la confianza necesaria para enfrentarse al proceso y a las distintas diligencias en que se requiera su intervención». Y en esta línea plantea como «urgente» solventar la falta de un psicólogo especializado en violencia sobre la mujer que se adscriba a la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal. 

Respecto al Estatuto de la Víctima, el texto indica que es la Fiscalía la que tiene que exigir «la implementación de los medios». Y en este caso, también advierte que tanto los cuerpos policiales como los órganos jurisdiccionales tendrían que tener mayor grado «de concienciación para proteger eficazmente a las víctimas desde un punto de vista multidisciplinar».