Sin prisas. Sin filtros y sin cargos que inviten a la prudencia a la hora de pronunciarse. Rafael Catalá habla sin más de las necesidades de la Justicia, del bloqueo de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de lo que haga falta. El exministro de Justicia, que ejerció el cargo entre septiembre de 2014 y junio de 2018, está lejos de la política, pero sigue la actualidad y no descarta volver si algún día recibe una buena llamada. Lo dice con la tranquilidad de quien ha ejercido varios cargos públicos, tiene su puesto de funcionario y currículum de sobra. 

Aun así, a Catalá le gusta hablar de reformas y de leyes y por eso se ha prestado como ponente en la segunda edición del Congreso Nacional de Derecho Mercantil y Concursal, con una ley recién publicada en el Boletín Oficial del Estado que puede llegar a cambiar el mal destino de muchas empresas en difícil situación.

¿Cómo ve la Justicia ahora que está lejos de su cargo como ministro de este área y puede observarla como un ciudadano de a pie?

Sigo teniendo una percepción de una Justicia profesional, independiente y de calidad, compuesta por 5.500 jueces, 2.400 fiscales y funcionarios, abogados y todos ellos profesionales con una alta cualificación. Junto a eso hay que tener en cuenta también que nuestro sistema judicial resuelve la media de los asuntos en unos tiempos razonablemente cortos comparativamente con Europa y con calidad porque no son impugnados y los que lo son se confirman y no son revocados. Y no se trata de una opinión, son hechos. 

Además, tenemos unos indicadores de calidad que avalan lo que digo, pero es cierto que la percepción social de la Justicia no coincide mucho con mi opinión porque su imagen pública no es muy positiva, tanto en términos de calidad, porque la gente piensa que es lenta, como en relación a la independencia ahora que el tema está tan caliente y en boga con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. 

Hay que hacer una labor importante de información y de divulgación, de conocimiento profundo para el ciudadano porque ocurre también con otros servicios públicos como la sanidad o el transporte. Tenemos una Justicia de alta calidad y quizá no se considera tan positiva.

Llevamos años diciendo que la Justicia tiene que abordar una profunda modernización, pero siempre se habla en líneas generales. ¿Qué es lo que hay que cambiar para ofrecer una respuesta más eficaz y en línea con lo que demanda la sociedad? 

La modernización de la Justicia incluye un conjunto de conceptos, como la incorporación de las nuevas tecnologías porque aún está pendiente. Se ha avanzado mucho en la utilización de la informática, pero todavía quedan muchos pasos que dar. También la modernización pasa por organizar los recursos conforme a la realidad social. Estamos en el año 2022 y ya no es la España de los años 60 y por tanto la revisión del tribunal de instancia, es decir, que en grandes localidades donde hay muchos juzgados no actúen cada uno de manera independiente, sino que haya coordinación de los recursos y se trabaje más y mejor. 

Además, también la modernización tiene que ver con el personal. La Justicia es un servicio atendido y prestado por personas y hay que superar modelos funcionariales superados y rígidos en relación a la organización del trabajo. Todavía están pendientes las categorías profesionales y los salarios...

Respecto a las leyes, acaba de publicarse la reforma de la Ley Concursal esta semana, pero también hacen falta leyes adaptadas a la realidad actual y tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal muy antigua y con muchos parches. Por tanto, sería necesario revisar y actualizar la legislación procesal, la penal y la civil parten como piezas claves para conseguir una verdadera modernización de la Justicia.

La escasez de medios personales y materiales sigue siendo un mal endémico en la Justicia. También será necesario mejorar la inversión e igualar las ratios a las europeas, que salimos bastante mal parados.

No es tan cierto eso que se dice, se trata de uno de los grandes mitos o leyendas urbanas que existen en la Justicia. Cuando nos comparamos con Europa, a veces, lo hacemos con indicadores distintos. Si en España también se sumase la labor que realizan los jueces de paz que resuelven estos asuntos en pequeñas localidades, como ocurre en otros países de la Unión Europea, tendríamos unas ratios altísimas. Tenemos ratios comparables con Francia y Alemania y no creo que tengamos un problema de número de jueces en España, quizá los haya de organización. En algunos casos, hay juzgados con una carga baja de trabajo y otros que están sobresaturados y es lo que debería ser objeto de reajuste.

Ha participado usted como ponente en esta segunda edición del Congreso Nacional de Derecho Mercantil y Concursal. Está claro que el debate ahora está centrado en si la nueva Ley Concursal ayudará más a las empresas y se quitarán de encima esa presión de si no va bien hay que ir a un concurso sí o sí...

El objetivo de la Ley Concursal que se acaba de aprobar, como ya hizo en el año 2003 con la primera reforma que tuve la oportunidad de promover porque era secretario de Justicia, se encamina a un principio del mantenimiento de las empresas y del empleo. No es una ley para liquidar empresas como la antigua ley de suspensión de pagos, es una ley para ayudar a las empresas a ordenar su pasivo, reestructurar su deuda, mantener su actividad y segregar una unidad de negocio para poder continuar. Esta ley se ha ido mejorando a lo largo de los años, va en esa dirección y tiene buenos elementos que van a ayudar a las empresas con problemas a salir adelante. Y no me importa decirlo y lo digo aunque haya partido de un gobierno socialista.

No es fácil que un político eche flores al partido contrario por algo. No suele verse mucho.

Sé que hay gente que dicen que todo lo que hacen otros está mal, pero no tiene por qué ser así. 

El poder judicial está bloqueado y resulta imposible renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Mientras tanto, la política está haciendo de las suyas... ¿Ha llegado la hora de despolitizar la Justicia?

Tenemos que verlo como dos planos distintos porque la Justicia en España está compuesta por profesionales que cada día trabajan con independencia, cualificación, resuelven asuntos y la actividad judicial, con lo que todo ello es una garantía de calidad, de independencia y de profesionalidad. Otra cosa distinta es la política que vincula la designación de los vocales y las tensiones que se están produciendo estos días. Al final, el PP y el PSOE tienen que ponerse de acuerdo porque la aritmética parlamentaria lo requiere

Cuando tuvimos las últimas elecciones generales en 2019, comentaba que la única buena noticia que hubo para el Partido Popular, porque tuvo un resultado electoral bastante malo, es que la única manera de conformar mayoría de tres quintos, algo que se requiere para reformar algunos asuntos importantes de nuestra Constitución, del PSOE era con el PP. Me parecía bueno porque se forzaba a la negociación y al acuerdo entre los dos grandes partidos. 

Lamentablemente, no ha pasado en esta legislatura y el señor Sánchez ha elegido siempre como socios a los independentistas, a la extrema izquierda y siempre está buscando en la misma dirección en lugar de mirar hacia el PP. Es un handicap gravísimo y pone de manifiesto que no hay acuerdos. La primera responsabilidad la tiene el Gobierno y su presidente que no busca como interlocutor preferente al líder de la oposición y lo pone muy complicado. 

En el debate de esta semana en el Senado se ha visto como el presidente del Gobierno faltó el respeto e insultó y agredió verbalmente al señor Feijóo reiteradamente y es algo que no ayuda. No se puede hacer esto y más tarde decir que tenemos que acordar grandes pactos. 

En este caso, no es el clima más favorable. Está claro que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere, pero el PP ha ofrecido reiteradamente al PSOE y ha llegado a presentar un documento, aunque es cierto que no es un acuerdo sin condiciones porque el PP quiere reformar la designación de los vocales del CGPJ para que un ministro no pueda pasar a ser Fiscal General del Estado, por ejemplo. También para que los vocales de origen judicial los designen los jueces como quieren todas las asociaciones profesionales y se nos pide desde Europa.

El año que viene hay elecciones generales. ¿Le gustaría volver a la política o se ve fuera de este ámbito tan complejo?

Cuando acabé mi carrera decidí trabajar como servidor público y soy funcionario desde que tengo 25 años, he trabajado en mi vida profesional siempre en el sector público, también como subdirector general o como ministro de Justicia. No descarto nada, pero también es cierto que profesionalmente estoy servido. 

¿Si le llamase Feijóo le metería en un aprieto?

Si me propusiera un cambio laboral siempre habría que pensarlo, pero está claro que mi vocación de servicio público ha caracterizado mi carrera profesional.