La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) afirma que lo acordado con el Gobierno de España en septiembre sobre Ertes y prestaciones para autónomos por cese de actividad «ha quedado obsoleto» porque entonces  no se preveía la declaración de estado de alarma. En consecuencia, «hay que sentarse de nuevo a negociar», señala Manuel Madruga.

El secretario general de la patronal toledana advierte que habrá problemas importantes como consecuencia del sistema elegido para gestionar el toque de queda. Bajo su punto de vista, establecer un mando único económico (Gobierno central) y dieciséis sanitarios (las Comunidades menos Canarias que queda al margen) implica arriesgarse a producir «efectos brutales» sobre la economía de las empresas en función de que cada autonomía decida fijar el inicio del toque de queda una hora antes o después. A esto se añade la desigualdad entre territorios por lo que decidan los gobiernos autónomos. Además duda, desde el punto de vista constitucional, que haya respaldo jurídico para que las Comunidades tengan la decisión última en el grado de aplicación de un estado de alarma.

Y un temor: ¿vamos a otro confinamiento total?, pregunta Madruga. Observa que la deriva es semejante a lo ocurrido en marzo y dice que los empresarios necesitan información concreta y veraz «para saber a qué atenerse». Es decir, insiste, hay que sentar a la misma mesa al Gobierno, a los empresarios y a los sindicatos para diseñar una estrategia que proteja todo aquello que tiene relación con el empleo.

Sin embargo los movimientos del Gobierno van en la dirección contraria. Desde Fedeto opinan que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado daña el tejido productivo. Madruga apunta que, dentro de este «marco de anormalidad» en el que se desenvuelve la economía a causa de la pandemia, «no se entiende que el resto de países de la UE estén bajando impuestos para ser competitivos mientras que España sube los tributos tanto al consumo como a las empresas cuando, precisamente, en estos meses de crisis han bajado el consumo de las familias un 25% y la inversión de los empresarios un 22%».

Presupuesto irreal. Por las declaraciones del Gobierno y sus acólitos deduce que «se quiere vender que son unos presupuestos sociales» y la pregunta que le surge es cómo piensa el Ejecutivo mantener su apuesta y de dónde va a sacar los ingresos. «Las empresas están acogotadas, al límite, llevan meses sin recibir ingresos de forma normal», avisa, y recuerda que hablamos de que el tejido productivo en España está formado en un 95% por pymes y autónomos que sufren los efectos negativos cada vez que se incrementan los impuestos al consumo de productos habituales. La conclusión es que «son unos presupuestos irreales» que no se podrán afrontar.

La última esperanza la deposita en la UE que ha evitado ya que España caiga «en la pobreza extrema» con las ayudas comprometidas. En consecuencia, «lo deseable» es que Bruselas ponga limites si ve que las medidas económicas del Gobierno de España «son antiempresariales» y, además, imposibles.

En resumen, no se fomenta la exportación porque se impide a las empresas ser competitivas y, a la vez, se pueden perder inversores subiendo los impuestos a las grandes fortunas que huirán a otros países que les ofrezcan mejores condiciones. «Si este es el proyecto económico del Gobierno en una situación anormal qué será lo que se nos vendrá encima cuando se normalice», reflexiona.

Todo lo contrario le ocurre a Fedeto con la Junta de Castilla-La Mancha (Diputación y ayuntamientos también) con la que han mantenido multitud de reuniones y contactos, y a quienes agradecen que escuchen sus propuestas. Por ejemplo, le comunican que están dispuestos a alargar el inicio del toque de queda al máximo, hasta las 12 de la noche.