«La pandemia ha hecho polvo a las personas con discapacidad»

L.G.E.
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La presidenta del Cermi en Castilla-La Mancha apunta a La Tribuna que «los centros ocupacionales y de día han estado cerrados demasiado tiempo» y que no ha habido un plan de rescate para ver cuánto dinero de más ha supuesto la Covid al Tercer Sector

«La pandemia ha hecho polvo a las personas con discapacidad» - Foto: Javier Pozo

Para Cristina Gómez lo más complicado de ser la presidenta de Cermi es el «encaje de bolillos» que tiene que hacer para poder atender las necesidades de todos los colectivos y conciliar su vida familiar, laboral y la de representación del Cermi. ¿Lo más gratificante? Lograr avances reales: «Cuando consigues que tu trabajo e incidencia política dé resultados y llega a las personas con discapacidad, es lo más satisfactorio», confiesa.

Cermi defiende los intereses de un colectivo muy numeroso y muy diverso. ¿Eso cómo se abarca?

Efectivamente el Cermi de Castilla-La Mancha es un movimiento social de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se articula en trece federaciones que son de las distintas discapacidades. La junta directiva está compuesta por un representante de cada una de ellas. Es donde hacemos frente común y manifestamos las necesidades de los diferentes colectivos. Disponemos de un equipo técnico de tres personas, que son los que me dan el soporte técnico suficiente. Tenemos un gerente, que es mi mano derecha, que prepara las reuniones con la Administración, recaba la información, es el que coordina la entidad: José Antonio Romero. 

Además tenemos un departamento jurídico, pues hay muchas personas que nos llaman, ya sea a través de las asociaciones o no, que tienen un familiar con discapacidad y les ha surgido algún problema o quieren que les asesoremos. Tenemos también creadas comisiones de trabajo por áreas, donde trabajamos más técnicamente la legislación y la incidencia política por temas. Tenemos comisiones de mujer, dependencia, educación, sanidad, etc. 

Comenta que entre lo más gratificante de su trabajo está conseguir avances reales, como el programa de atención preferente en esperas de consultas… ¿En qué consiste?

Es un programa para que no tengan esperas en las consultas personas con problemas de salud mental, autismo o discapacidad intelectual. Y funciona. Hace no mucho tuve un incidente doméstico con mi hijo, fuimos al médico de guardia y en cuanto metieron la tarjeta y vio que tenía autismo entró el primero en las urgencias del centro de salud. Luego existe también un triaje, pero se tiende a que entren antes porque si tienen una conducta disruptiva en una sala de urgencias, es peor. A lo mejor no llevan un problema de gravedad, pero hay personas que no entienden esa situación.

¿En qué ha cambiado el coronavirus el día a día de las personas con discapacidad? 

La pandemia nos ha hecho polvo a todos y a las personas con discapacidad especialmente. El coronavirus ha cambiado muchas cosas. El tema de la mascarilla para determinados colectivos es tremendo. Las personas sordas pierden comunicación porque leen los labios y la lengua de signos se apoya en el gesto de la cara. 

¿Lo de la mascarilla transparente no se ha conseguido solventar? 

Es un poco difícil. No terminaban de homologarse porque no garantizaba la seguridad de quienes la llevaban. Los profesionales que trabajan con personas con autismo, logopedas o que hacen un tratamiento psicológico, lo tienen muy complicado con una mascarilla puesta. Hay determinadas discapacidades que requieren un contacto visual importante.

Durante el confinamiento fue muy complicado conseguir que estuvieran tanto tiempo confinadas personas que no entendían la situación. Las personas que necesitaban una fisioterapia, como el colectivo de la parálisis cerebral, no la han tenido. Y estamos hablando de fisioterapias respiratorias, que son vitales. En la desescalada no nos han permitido abrir los centros ocupacionales y de día cuando los hemos necesitado. Han estado cerrados demasiado tiempo.  

¿Cuánto tiempo han estado cerrados centros de día y ocupacionales?

Pues los ocupacionales creo que fueron los últimos en abrirse, quizá hasta finales de 2020 o principios de 2021. Nos los abrieron durante un tiempo y nos los volvieron a cerrar porque otra vez subió la ola. Hay que tener en cuenta que estos centros tienen su carácter terapéutico y de socialización. Ha supuesto aislar a las personas otra vez. Hemos tenido que sacar esos centros ocupacionales a la calle y hacer actividades de calle para que estas personas no estuvieran encerradas en su casa.  

Otra cosa que nos pasó durante la pandemia fue lo de la compra asistida, porque se dejó de hacer el servicio a domicilio de los supermercados. Dejaron de recibir la compra en su casa. Lo demandamos, pero no lo conseguimos hasta la desescalada. Se solventó como se pudo, ayudando desde las entidades, tirando de voluntarios cuando podían. En zonas rurales sí que se palió bastante a través de los agentes medioambientales de Geacam, que hicieron reparto de alimentos. Con los asistentes de ayuda a domicilio también pasaba que no podían ir porque tenían Covid o les daba miedo. Y a la gente también le daba miedo que entraran en su casa y les contagiaran. Fue muy complicado.  

Todo lo que no se pudo hacer durante el confinamiento ¿ha hecho que se pierdan o disminuyan capacidades? ¿Se pueden recuperar? 

Es como les ha pasado a las personas mayores en residencias, que estuvieron durante mucho tiempo a lo mejor aisladas en sus habitaciones, que no podían hacer los talleres ocupacionales y han perdido capacidad cognitiva. En personas con discapacidad intelectual ha sido igual, o con autismo. En el caso de la parálisis cerebral es tremendo, porque hay personas que no tienen deterioro cognitivo, pero necesitan una serie de terapias, fisioterapia, estimulación, que les ha vuelto atrás, una regresión tremenda. Recuperarlo cuesta mucho tiempo. Incluso a lo mejor hay personas que no vuelven al nivel de antes. 

¿A las entidades en qué les ha afectado en planos como el económico o laboral? 

Les ha afectado en todo. Tenemos entidades que tienen centros educativos concertados y han tenido que desdoblar ratios, buscar espacios que ni tenían y contratar más profesionales, más cuidadores. Nos ha costado mucho dinero poder poner en marcha los protocolos. Ha habido que reorganizar todos los espacios  físicos y reorganizar a todos los trabajadores.

Y para todo lo que os ha supuesto poner un dinero que no teníais, ¿se ha recibido algún tipo de ayudas o se está a la espera?

Nosotros hemos pedido un rescate del Tercer Sector en general. Ha habido una convocatoria que el Gobierno regional dice que ha sido el rescate del Tercer Sector, pero no ha sido eso. Eran 37 millones que han venido a financiar inversiones, a la transformación digital, pero se quería ayudar cuanto más gente mejor y se han dado ayudas bastante pequeñas por entidad. Sí que ha habido ayudas para adaptar o hacer más accesibles los espacios de los centros y aparte venían también ayudas para innovación y eficiencia energética. Pero no ha habido un rescate de decir ¿cuánto dinero habéis puesto fuera de las subvenciones que ya teníais concedidas para el mantenimiento de esos centros? ¿cuánto dinero más ha supuesto la covid con facturas? Eso no se ha hecho y lo hemos pedido.

Con la pandemia se han extendido las fórmulas a distancia a través del ordenador. ¿Se está cuidando que los trámites online sean accesibles desde el punto de vista sensorial y cognitivo?

La ley indica que todos los servicios tienen que ser accesibles. Ya antes de la pandemia veníamos trabajando con la Dirección de la Administración Digital para que todas las páginas web, todas las aplicaciones que está poniendo en marcha la Administración tienen que ser accesibles. 

El sector privado, ¿se implica, o le cuesta más?

Al sector privado le cuesta más, aunque la legislación les obliga. Lo que decimos es que si hay algún servicio que sea imprescindible y no se puede hacer de otra manera más que por internet, que sea accesible. 

¿Cómo ha afectado la crisis al empleo de las personas con discapacidad? ¿La recuperación va a la par o les está costando más?

Como la población en general, las personas con discapacidad que tenían trabajo en el empleo ordinario han sufrido un ERTE y dependiendo de cada sector se ha ido recuperando. La ONCE sufrió tremendamente. Hizo un ERTE a nivel de toda España porque los vendedores no podían salir a la calle. Tuvo que suspender el sorteo y eso supuso una merma de ingresos tremenda. También tienen muchos hoteles del Grupo Ilunion que tuvieron que cerrar, que ya han ido poco a poco abriendo y recuperando su personal con la desescalada. Los centros especiales de empleo han vuelto a recuperar su actividad. Pero el problema está en el empleo ordinario, de gente que a lo mejor estaba unas horas, media jornada y no los han vuelto a contratar. 

Señala que la Ley de Garantías de 2014 es el marco regional de derechos, ¿qué aspectos están trabajando y cuáles faltan por desarrollar?

Tenemos por un lado la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, que está en el marco de esa Ley de Garantías, para  garantizar la protección de las personas con discapacidad cuando su familia directa ya no viva. La propia ley marcaba que tenía que hacerse un desarrollo normativo, un decreto, nueve meses después de aprobarse, pero ha venido todo esto de la pandemia y no lo tenemos. Es algo que exige una serie de oficinas para registrar los planes de futuro y requieren una ampliación de personal en cada delegación provincial. Necesitamos que salga ya. Hemos tenido casos de personas con discapacidad que no han podido elaborar su plan de futuro con sus familias porque los han perdido en la pandemia. Nos urge este desarrollo normativo porque si no, la ley va a ser papel mojado. 

Con la ley de perro de asistencia sí tenemos el decreto en proceso de información pública.

El Gobierno está también en proceso de sacar la Ley de Atención Temprana. Nosotros considerábamos que no hacía falta sacar otra ley, que se podía hacer un decreto que desarrollar esa parte de la Ley de Garantías, pero quieren ir a mayores y sacarlo con ese rango para que la atención temprana efectivamente sea temprana y se empiece a aplicar desde un primer momento, que no se queden niños fuera. En ese caso la atención temprana es el tiempo de los niños con discapacidad desde que nacen hasta que tienen seis años. Ese tiempo es oro.

También nos traemos entre manos la sostenibilidad del sector, tanto de la discapacidad como del Tercer Sector y abandonar el sistema de subvenciones para mantener los centros e ir a la acción concertada. Estamos trabajando en ello para establecer los costes de las plazas de los servicios sociales que atienden a las personas con discapacidad, elaborar un catálogo y hacer el concierto. No es fácil y más en el sector de la discapacidad donde tenemos servicios muy diversos y dispersos.

Con las residencias de mayores ya se ha empezado ese modelo de concierto. Para la discapacidad ¿podría estar para el año que viene?

A lo mejor el año que viene podríamos tener ya la concurrencia, que se abra la convocatoria para presentar los costes de plaza y la acción concertada, posiblemente en 2022, pero funcionará en 2023, calculo. 

En la violencia de género o agresiones sexuales, ¿están los protocolos preparados para las mujeres con discapacidad? 

Pues no todo lo que se necesita. Hay casos de violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual que no saben que están sufriendo esa violencia y es muy complicado.  Sí que tenemos bastante coordinación a nivel estatal con el tema de los juzgados de violencia de género para que se tenga en cuenta esta variable, que haya intérpretes de lengua de signos, que te presenten un documento en lectura fácil para una mujer con discapacidad intelectual. Se me viene también a la cabeza un caso de una mujer ciega, que tenía una orden de alejamiento por parte de su agresor, pero él se aprovechaba de que ella no veía para acercarse a ella. Ahí se necesita otro tipo de vigilancia. 

¿Dónde hay que poner el foco cuando la antorcha de los Juegos Paralímpicos se apaga?

Se va a desarrollar una nueva ley del deporte que pretende que sea más inclusivo y eso está muy bien, que esté lo más normalizada posible. Pero parece que ese texto quiere eliminar las federaciones que son exclusivamente de personas con discapacidad. Eso nos crea dificultades porque hay personas que no pueden desarrollar el deporte si no es con esta exclusividad. Pongamos, por ejemplo, el baloncesto en silla de ruedas.  Aquí en Castilla-La Mancha tenemos Fecam, la Federación de Deporte sobre todo para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Si no fuera por esta federación no harían deporte federado.