A pesar de las últimas subidas del precio de la luz, el coche eléctrico sigue saliendo a cuenta. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), su precio se amortiza en cuatro años frente a un coche similar con motor de gasolina. Sin embargo, sus ventas no terminan de despegar, en buena parte como consecuencia de la falta de estaciones de recarga, tanto en las ciudades como, sobre todo, en las carreteras.

La Delegación de OCU en Castilla-La Mancha advierte que las carreteras de la región distan mucho de tener una red completa de electrolineras. Salvo en las nacionales y las autopistas, es excepcional encontrar una estación cada 50 kilómetros, como sería deseable para garantizar la carga en un viaje. Lamentablemente, no es un problema exclusivo de la región: según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en España solo hay 1,3 puntos de recarga rápida o semi rápida (de al menos 22 kW) por cada 100 km de carreteras, tres veces menos que en Francia y diez veces menos que en Portugal.

La falta de puntos de recarga es igualmente evidente en los municipios, incluso en las capitales de provincia, donde no siempre funcionan. Según Electromaps, en Albacete, solo están activas 19 de las 23 electrolineras disponibles (y únicamente 8 son de carga rápida o semi rápida); en Ciudad Real, 6 de 14 (1 de carga rápida o semi rápida); en Cuenca, 8 de 12 (3 de carga rápida o semi rápida); en Guadalajara, 7 de 11 (3 de carga rápida o semi rápida); y en Toledo, 8 de 14 (3 de carga rápida o semi rápida). Es decir, una de cada tres no funciona. Y muy pocas son rápidas o semi rápidas y, por lo tanto, son capaces de garantizar una recarga para al menos 100 km en no más de media hora.

A la Delegación OCU Castilla-La Mancha le gustaría reunirse con la Consejería de Desarrollo Sostenible para tratar esta problemática. Considera que los ayuntamientos, las diputaciones y la comunidad autónoma deben hacer todo lo posible para facilitar la tramitación de licencias para instalar puntos de recarga. Las compañías eléctricas critican que las autorizaciones necesarias, especialmente las municipales, están tardando una media de 12 meses en tramitarse (24 meses cuando son de recarga rápida), cuando la instalación de un punto de recarga apenas lleva dos semanas.

La organización insiste además en que las nuevas instalaciones deberían ser de carga rápida (de al menos 42 kW), sobre todo en carreteras. Solo este tipo de electrolineras garantizan una recarga mínimamente efectiva.