No tienen datos, porque no los proporciona la administración. Pero aproximadamente unos trescientos profesores de en la provincia de Toledo pueden estar trabajando de asesores técnicos docentes, con lo que usurpan las funciones de los funcionarios y crean una administración paralela. Así lo denuncia en pleno la Junta de Personal de Funcionarios de Toledo, que ha llevado el asunto a la Inspección de Trabajo para que investigue.

Porque estos cargos, ha explicado la Silvia Fernández, presidenta de la Junta de Personal en la provincia, «son puestos a dedo». Se trata de profesores que dejan sus puestos de trabajo en centros educativos y que ganan un complemento para hacer labores propias de auxiliares administrativos, administrativos y técnicos administrativos. De esta forma, la administración consigue dos cosas, premiar a 'los suyos', elegidos a dedo, y lograr más personal, dado que Hacienda podría negarse a la contratación de técnicos, pero no niega la sustitución de los maestros beneficiados, han explicado los miembros de la Junta de Personal. Los perjudicados son el bolsillo de los ciudadanos, que paga de más, incluso con complementos, a unos profesores por el trabajo de unos técnicos que cobran menos; y luego están los propios técnicos que se quedan sin plaza y tampoco pueden promocionar.

Desde la Junta de Personal aclaran que los distintos tipos de personal en la administración pública están diferenciados por normas singulares y oposiciones.  Cierto es, apunta Fernández, que hay una relación de puestos de personal funcionario que contempla ciertos puestos abiertos a docente, pero más allá de las 50 recoge, hay entre 200 y 300. Es una figura «irregular» e incluso «ilegal», porque no son puestos tasados y con código de puesto, como contempla la ley. Desde hace unos años, la figura denominada «asesor técnico docente se ha ido introduciendo sin aplicación de los criterios de igualdad, mérito y capacidad establecidos legalmente en las distintas dependencias de la Consejería y Delegaciones de Educación, Cultura y Deportes, así como centros dependientes de estas».

Fue el propio personal funcionario que ha dado la voz de alarma sobre que los puestos vacantes o por bajas de incapacidad temporal que se debieran cubrir por la misma categoría laboral, sin embargo, se han ido «sustituyendo» por asesores técnicos docentes, porque, en palabras de la propia Secretaría General de Educación, «es más fácil que la Dirección General de Presupuestos, te dé el visto bueno».

Así se consigue, denuncia la Junta de Personal, «que de un día para otro, sin que nos demos cuenta, se va cambiando un personal por otro, sin base legal alguna, pues, no se pueden seguir la cuenta, ya que ni entran por mesa de negociación, ni se llama de la bolsa de trabajo al personal que debiera ocupar realmente esos puestos mientras no se resuelva por concurso para ser ocupado por funcionario de carrera y cuando preguntamos por ellos, nadie nos quiere responder quiénes son, ni cuantos, ni qué funciones realizan y mucho menos qué criterios se siguen para que sean los elegidos a ocupar los puestos. Y lo es aún más perjudicial para el ciudadano, son personal que desconoce el procedimiento administrativo puesto que no es obligatorio conocerlo en su oposición».