El fondo es discutible, la forma creo que es abiertamente rechazable. Como siempre, hay quien se ha apresurado a valorar el abrupto cambio de posición de nuestro Gobierno como una especie de 'jugada maestra', pero me parece que este tipo de visiones resultan bastante sesgadas. Como digo, respecto al fondo cabe apuntar razones a favor y en contra de este radical cambio de postura que nos ha llevado a apoyar abiertamente las pretensiones de Marruecos de convertir al Sáhara en una región autónoma de este Estado. Por un lado, nadie duda que la relación con Marruecos es estratégica para España, que esta relación estaba bastante dañada últimamente (en no poca medida, por cierto, por torpezas previas del propio Gobierno español); y es también cierto que no somos el primer país occidental que apoya las pretensiones marroquíes. Pero en contra, además de otras razones igualmente estratégicas (como no enfrentarse innecesariamente a Argelia, uno de nuestros principales proveedores de gas, en este preciso momento…) hay, sobre todo, poderosas razones jurídicas, que son las que más me interesan y, desde luego, una razón de coherencia. Como es bien sabido, Naciones Unidas reconoce al Sáhara Occidental como territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y por tanto no apoya esas pretensiones marroquíes, o al menos no hasta que se haya celebrado un referéndum de autodeterminación. Y España ha tenido siempre una responsabilidad especial, porque era la potencia colonial que abandonó abruptamente el territorio en 1975 tras la llamada 'Marcha Verde', generando esta situación fáctica que se ha prolongado a lo largo de las décadas, ya que ese referéndum pendiente no se ha llevado a cabo por múltiples razones bien conocidas. Eso sí, durante todo este tiempo, y aunque fuera con el mayor tacto posible con nuestro vecino del sur, España nunca ha variado su posición de apoyo a la descolonización de este territorio, aunque no haya reconocido formalmente a la República Árabe Saharaui Democrática.
Pero como decía lo que no parece admisible es la forma en la que se ha llevado cabo este monumental giro. Una comunicación del presidente del Gobierno al rey de Marruecos para que este la hiciera pública, sin previa comunicación ni debate parlamentario, e incluso, como es evidente, sin acuerdo claro en el seno del propio Gobierno. Porque aunque el presidente «dirige la acción del Gobierno» (art. 98 CE), es el órgano colegiado quien «dirige la política interior y exterior» (art. 97), así que no parece muy adecuado que una medida de tal envergadura se haya adoptado de esta manera.