La situación de los inquilinos legales de las 148 Viviendas de la calle Río Yedra del Polígono no termina de solucionarse. De fondo, prosiguen y crecen, al margen de la okupación ilegal de los  problemas como el mantenimiento de los edificios y la falta de pagos de algunos adjudicatarios legales. En realidad, todo es más complicado, porque en esta promoción, propiedad de la Junta de Comunidades, hay viviendas de alquiler de distintos regímenes, y viviendas de alquiler con opción a compra. Hay situaciones económicas y sociales muy distintas entre los distintos inquilinos, lo  que dificulta, habida cuenta que tampoco se ha establecido una comunidad de propietarios, una interlocución legal y una interlocución aceptada por todos para hablar, por ejemplo, con la Junta.

Porque en vista de las distintas problemáticas y dificultades por falta de pagos, un grupo de adjudicatarios ha decidido tomar el toro por los cuernos y comenzar a negociar con Vivienda una reducción de los alquileres. Pero carecen del apoyo, y de la representación legal de muchos de sus vecinos.

En vista de estas conversaciones, tanto la Junta de Comunidades, como la Plataforma por una Vivienda Digna en Toledo (que está tratando de asesorar a los vecinos en esta negociación) se oponen al 'café para todos'. En todo caso, coinciden, habrá que estudiar la situación de los adjudicatarios caso por caso, porque habrá quien no pueda pagar, y quizás otros sí cuentan con más recursos y puedan hacerlo en mayor proporción.

En este sentido va la propuesta que Vivienda trasladó a las vecinas representantes en su último encuentro. Ellas trasladaron su preocupación porque entienden que los precios de los alquileres están muy elevados, y allí se estudiaron posibles alternativas. Como la Consejería de Fomento sabe que estas no hablan en nombre de todos los adjudicatarios (hay vecinos que incluso las critican abiertamente), está valorando una solución voluntaria, nunca obligatoria, a la que unos y otros se puedan acoger si quieren, o poder seguir en las actuales condiciones. Su alternativa pasa poder bajar el precio de los alquileres, para hacerlos más asequibles, para las personas que se comprometan en ir quitándose la deuda para regularizar su situación. Como evidentemente la situación allí no es igual para todos, habrá que estudiar, caso por caso, la situación socioeconómica de todo aquel interesado. En todo caso, todavía no hay nada cerrado.

Adjudicatarios y Plataforma. Desde aquel último encuentro, parte de los adjudicatarios mantuvo una reunión el pasado día 25 de febrero, donde votaron una contrapropuesta, que quieren presentar a la Consejería de Fomento. A su juicio, la respuesta de la Junta no solventaría sus problemas de pago, sino que en algunos casos los aumentaría.

En aquella reunión, la Plataforma por una Vivienda Digna en Toledo también reivindicó que en lugar de 'café para todos', una rebaja lineal para todos los adjudicatarios, lo mejor sería que se estudie, caso por caso, la situación. «Los esfuerzos deben ir acordes con nuestra capacidad económica, teniendo siempre en cuenta que las reivindicaciones que solicitamos no son gratuitas -alguien tiene que pagarlos con impuestos- ya que no estamos hablando del mercado libre», apuntó la Plataforma en el encuentro.

Su propuesta es que los pagos (alquiler, comunidad, deuda, etc.) no supongan más del veinte por ciento de la renta de la unidad habitacional, con un tope de 400 euros al mes. Pero se tiene que tener en cuenta lo que cobran todos y cada uno de los residentes en cada vivienda. Con respecto al IBI entiende que al ser un impuesto a la propiedad «debe asumirlo el propietario de las viviendas». Además, la Plataforma pide la rehabilitación integral de la promoción, «para que se pueda vivir dignamente». A su juicio, es posible, porque estos años hay fondos de recuperación europeos.

La Plataforma pide que se integre, por un lado, un equipo permanente, para toda la vivienda pública social, de trabajadores y educadores sociales, que fomentaría la convivencia y una situación económica adecuada. En definitiva, un proyecto de vida digno. De igual forma, propone unidad de gestión integral en todo lo relativo a la promoción y junto a la comunidad de vecinos mantendría el buen funcionamiento de la comunidad.

Su última petición a la Junta es la adjudicación inmediata de toda la vivienda vacía de la promoción y la gestión de las viviendas que en su caso pudieran ir quedando vacías a través del registro de demandantes de vivienda.