Tal día como hoy pero de 1983, se constituyeron las primeras Cortes de Castilla-La Mancha en la iglesia toledana de San Pedro Mártir, unas semanas después de que se hubieran celebrado las primeras elecciones autonómicas y tras cerca de ocho años de negociaciones entre políticos de todos los colores. Y es que, frente otros entes regionales nacidos en aquellos años gracias a la Constitución del 78, lo que es hoy Castilla-La Mancha fue un invento político que unió  a cinco provincias que no se sabía muy bien cómo colocar en el nuevo mapa que se estaba dibujando. Lo único que tenían en común, además de esta falta de una conciencia regional, era un marcado subdesarrollo frente al omnívoro crecimiento de Madrid o Valencia.

El politólogo y actual diputado regional por el PSOE, Fernando Mora, insiste en que «Castilla-La Mancha nace a la historia no como región, sino como antítesis de región. En 1978 no posee pasado, no tiene por tanto conciencia regional».  En su libro ‘El nacimiento de una región’, explica que en esos años era «una región desagregada que encuentra dificultades a la hora de superar el carácter provincialista de su territorio». Su nacimiento está marcado por la incertidumbre y condicionado a la amenaza de una posible absorción desde Madrid. Con estos mimbres, se puede decir que la autonomía política ha sido uno de los principales nexos de unión entre las diferentes provincias que confirman la región. 

Todo comenzó unos años antes. En concreto, el 26 de abril de 1976 en Mota del Cuervo. Allí un grupo de procuradores a Cortes por Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo sentaron la base del ente político que hoy se conoce como Castilla-La Mancha. Un primer atisbo de autonomía que nace, en cierto modo, desde la falta de interés por ser una autonomía. Lo que movía a aquellas gentes era la necesidad de posicionarse frente a las llamadas comunidades históricas y no perder el tren, otra vez, del desarrollo. 

Los tres presidentes preautonómicos de CLM, Fernandez Galiana, Payo y Fuentes, junto a Bono. De allí nació la llamada ‘Declaración de Mota del Cuervo’. Un documento que parte de la reafirmación de la «unidad nacional» frente a las propuestas federalistas, pero que ya reconoce la «variedad regional de España», como explicaba hace unos años a La Tribuna el profesor del área de Historia Contemporánea de la UCLM, José Antonio Castellanos. 

Y bajando al terreno de lo práctico, este texto defendía la descentralización administrativa y una apuesta por «acercar las soluciones a los problemas y favorecer la participación popular en los asuntos que más directamente afectan al pueblo». Pero, sobre todo, es una «llamada de atención» sobre la difícil situación económica de estas zonas y su rechazo rotundo «a posibles conciertos económicos» con las provincias más desarrolladas, que «condenarían al resto a seguir viviendo en el atraso», según añade Castellanos. 

Con todo, en este primer encuentro regional ya se advierte algo que caracterizará al proceso de creación de Castilla-La Mancha: la fuerte implicación de Ciudad Real, Toledo y Cuenca, la posición de «observadora» de Guadalajara y las dudas de Albacete, que se debatía entre esta solución o seguir unida a Murcia. También marcó la ausencia de Madrid, que se libraba así de su vínculo con Castilla la Nueva, la distribución territorial entonces vigente. 

Primer Gobierno autonómico, presidido por José Bono. La renuncia final de Albacete a Murcia nació, en opinión de Castellanos, por una cuestión identitaria, «ya que la mayoría de los albaceteños se sienten manchegos», y por otra utilitarista, dado la creciente confrontación con la provincia de Murcia en temas como el agua, la negativa a que Albacete poseyera campus universitario y la intención de trasladar la Audiencia Territorial a suelo murciano. 

Después vendría la aprobación de la ya citada Constitución del 78 y, con ella, el Real Decreto sobre el régimen preautonómico de la región castellano-manchega, que delimitaría finalmente las fronteras de la comunidad. Y, unos días después de la aprobación de la Carta Magna, se reunirá por primera vez la Junta de Comunidades, con el objetivo de comenzar a dar forma a este nuevo ente. 

Su principal tarea en los siguientes años fue la elaboración del Estatuto de Autonomía, que se aprobó el 10 de agosto de 1982 pero que, realmente, vio la luz, unos meses antes en la iglesia de Santa María de Alarcón, en la provincia de Cuenca.

Allí pasaron la gélida jornada del 3 de diciembre de 1981 un total de 158 futuros castellano-manchegos, entre senadores y diputados por la cinco provincias, y de allí salió el acuerdo de lo que es hoy, salvo ligeras modificaciones, el Estatuto de Autonomía regional. 

Un acuerdo que no fue fácil, como explica el profesor Castellanos, que firmó su tesis sobre la transición en Castilla-la Mancha. Es más, «podemos hablar de imposición de la UCD» en este debate, ya que era el partido que ostentaba «clarísimamente» la mayoría. Es más, el entonces portavoz socialista, José Bono, salió de la iglesia aquel 3 de diciembre diciendo que no se habían aceptado las modificaciones de peso, sólo «se aprobó la música».

Con todo, el debate que se produjo en Alarcón en nada se parece al se plantearía hoy en una reforma estatutaria. El gran problema de entonces fue dónde ubicar la capital regional, ante el miedo de que el centralismo de Madrid se sustituyera por una suerte de centralismo toledano. Además, Cuenca pugnó casi hasta al final por llevarse el título, por el que también compitió en un primer momento Alcázar de San Juan (centro geográfico de la comunidad). 

Tantas dudas había que, al final, el tema de la capitalidad se dejó en el limbo. Es más, casi cuarenta años después, el Estatuto sigue sin recoger que Toledo es la capital regional. 

Sin embargo, estos temores al centralismo terminaron convirtiéndose en una virtud cien por cien castellano-manchega. Con los años la identidad regional se ha ido creando gracias a la dispersión de las instituciones. Si Toledo se quedó con los servicios centrales de la Junta, Albacete acogió al Tribunal Superior de Justicia, Cuenca recibió la sede de la hoy extinta Caja Castilla-La Mancha y se optó por un modelo universitario ‘multicampus’, con facultades en las principales ciudades de la región y con el rectorado sito en Ciudad Real. A falta de tradicional nacionalista, la autonomía política ha sido uno de los principales nexos de unión entre las diferentes provincias.

Mirando al reino de Castilla y a las órdenes militares

Símbolos como la bandera o el escudo son agentes socializadores básicos para la construcción de una  identidad común. En el caso de Castilla-La Mancha, también costó sacar adelante estos emblemas. Es más, a día de hoy, la región sigue sin himno oficial, a pesar del mandato expresado en el Estatuto de que la comunidad debe contar con su propia sintonía común.

Con todo, la bandera fue el primero símbolo en nacer. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 20 de octubre de 1980, recoge la decisión de la Junta de adoptar el diseño encargado al académicos de Historia y Bellas Artes, Ramón José Maldonado, uno de los siete en liza por aquel entonces.

Según explicó el propio autor en su día, es «una bandera partida. En el trozo de tela unida al asta, el escudo o pendón de Castilla, antiguo Reino al que perteneció toda esta tierra y que es: el campo rojo carmesí, el castillo de tres torres de oro mazonadas de negro (señaladas las piedras) yaclaradas (las puertas y ventas) de azul. El segundo trozo de color blanco, en recuerdo de las órdenes militares de Calatrava, Santiago y San Juan, cuyas gloriosas milicias conquistaron, organizaron y administraron la tierra manchega y cuyos pendones fueron siempre blancos».

Una bandera que, sin embargo, a lo largo de estos cuarenta añosha sufrido más de una modificación de facto. El color es, sin duda, uno de los más visibles, ya que el rojo carmesí que recoge el Estatuto regional ha pasado a los morados y rosáceos que visten ahora la inmensa mayoría de las banderas regionales.

De la bandera nació el escudo, que fue aprobado mediante la ley en 1983.