La ocupación ilegal ha alcanzado la cima de los asuntos de interés nacional en medio de la pandemia del coronavirus. Resulta evidente, por lo tanto, la relevancia de este problema que castiga severamente a comarcas como La Sagra, Torrijos u Ocaña. El Gobierno ha elaborado un protocolo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado relativo a las intervenciones. Mientras, continúan los desalojos por parte de la Guardia Civil, como el ocurrido el pasado día 17 en Seseña minutos después de la ocupación y con la colaboración de la Policía Local.

«Necesitamos ya una ley dura y menos permisiva», recalca el alcalde de El Casar de Escalona, Israel Pérez. Se trata de uno de los municipios cercanos al río Alberche especialmente castigados por la ocupación por la abundancia de urbanizaciones para segunda residencia. Y apostilla: «Que nos den herramientas suficientes a los alcaldes».

El alcalde de El Casar de Escalona hace hincapié en que la comarca de Torrijos resulta especialmente afectada. «Mi pueblo tiene 2.000 habitantes, pero en verano pasamos a 9.000 o 10.000 personas. Tenemos 12 urbanizaciones, y una con 1.300 parcelas. Esta está muy machacada con la ocupación, con unas 70 ocupadas», sostiene en unos municipios pequeños con pocos agentes de seguridad.

La alcaldesa de Mocejón, Conchi Cedillo, instó también a leyes más duras que den margen de maniobra a los regidores. Así, reclamó que se dé autoridad a la Policía Local para los desalojos. «Hasta ahora hay muchísimos problemas», aseveró.

Por su parte, el alcalde de Pantoja, Julián Torrejón, advirtió de la presencia de bandas organizadas que utilizan las residencias para la plantación de marihuana y otros usos relacionados con la delincuencia y llamó a actuar con contundencia para evitar que los vecinos de los pueblos se sientan amenazados.

Torrejón destacó que hay un bloque de viviendas con solo una legítima propietaria. «Todos los días hay problemas con la luz, con el agua, de insalubridad y con coches que aparcan en la calle y los arreglan allí», lamentó.