Una huelga con segunda parte. Los letrados de la Administración de Justicia del partido judicial de Toledo capital se han sumado a la movilización de carácter nacional convocada de nuevo por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia, con lo que continúa en marcha esta medida de presión, que ya tuvo su primera jornada de huelga el pasado 26 de enero,  para intentar que la administración escuche las reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales para la mejora de sus condiciones laborales.

En este caso, el respaldo a la protesta, prevista para hoy y para mañana,  es masiva. Los letrados de la Administración de Justicia de este partido judicial celebraron una asamblea el 7 de marzo, a la que acudieron una docena de ellos y otros seis delegaron el voto, que concluyó con el respaldo «unánime» a la protesta, con lo que el 100% de estos funcionarios ha decidido parar y no ejercer sus funciones en ambas jornadas, con lo que «ningún papel saldrá de ninguno de los juzgados», explica Cristina Pérez, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instancia número 2 de Toledo.

Hay que tener en cuenta que la administración fija unos servicios mínimos para sacar adelante la actividad urgente, con lo que huelga  ha sido secundada físicamente por el 85,7% de estos profesionales y únicamente tres no han figurado en la convocatoria.

Aún es pronto para calcular las repercusiones de la movilización en la actividad judicial porque es necesario esperar hasta el último momento para evaluar cuántos juicios y comparecencias se invalidarán y el número de asuntos que se habrán visto afectados por la protesta.

Los antiguos secretarios judiciales exigen al Ministerio de Justicia que, «de forma inmediata», reconozca el derecho a la negociación colectiva propia del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, que implicaría el inicio de los  trámites para «las reformas legislativas necesarias»; efectúe el pago de los 195 euros que se fijaron en el acuerdo que se alcanzó en su momento con los sindicatos, un pacto que consideran «contrario a sus intereses», con lo que únicamente respaldan que esta cantidad se abone como un complemento nacional y no como «una adecuación salarial».

Además, los afectados también solicitan la equiparación salarial y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado y, en particular, con los de la administración de Justicia. En este caso, Martínez insiste en que este colectivo de profesionales «son unos grandes desconocidos» a pesar de la importancia de su labor.

Más peticiones. De la lista de reivindicaciones, Virginia Álvarez-Buyllanaharro, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 2 de Toledo, señala la necesidad de que entre en vigor el Real Decreto 101/2019, que regulaba el régimen de sustituciones voluntarias de este cuerpo, el pago del complemento para los encargados del Registro Civil, con el objetivo de que se garantice que perciben lo mismo que el hasta ahora encargado y la inclusión en el plan de auto-refuerzo para la revisión de tutelas de estos profesionales.

Los letrados de la Administración de Justicia también ponen de manifiesto otros asuntos pendientes, como el hecho de que la productividad sea como mínimo al 5%, se establezcan las bases para la modificación del reglamento y el plan de prevención de riesgos laborales, entre otros.