Cuando el pasado mes de julio el abogado general de la Unión Europea, Richard de la Tour apreció que la justicia belga se había extralimitado en sus funciones al cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y a los exconseller que huyeron con él y se refugiaron en ese país, todo hacía presagiar que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que raramente cuestiona sus dictámenes, los pondría más cerca la extradición solicitada por el juez del Tribunal Supremo, Manuel Llarena, que presentó las cuestiones prejudiciales sobre su competencia para emitir nuevas euroórdenes de entrega a España.
Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado una de cal y otra de arena en esta extenuante búsqueda para que Puigdemont, como hicieron el resto de líderes independentistas que no huyeron, se enfrente a la justicia española, aunque lo haría en mejores condiciones tras la reforma de los delitos de sedición y malversación. El TJUE es taxativo a la hora de considerar que el Tribunal Supremo es plenamente competente para juzgarlos, y los jueces belgas no pueden negarse a ejecutar la orden de detención europea porque consideren que ha sido emitida por una instancia judicial que no era la adecuada, constituyéndose en árbitros de las decisiones de los tribunales de otro país cuando su ejecución constituye la clave del arco de la cooperación entre Estados y su denegación debe ser "una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta".
Sin embargo, el TJUE ha dejado una puerta abierta, que es la que va a utilizar la defensa de los europarlamentarios huidos de la justicia española, cuando facilita que la justicia belga se oponga a las extradiciones si demuestra "deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial español o deficiencias "que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca" la persona objeto de reclamación. Ambas objeciones no tendrían por qué ser un impedimento, porque si el sistema judicial español estuviera viciado, ya habría intervenido la propia Unión Europea. Además, no se puede dudar de que todos los procedimientos judiciales se desarrollan con pleno respeto a los derechos y libertades de los actores, y porque si algo se puede pregonar del sistema de justicia español es que es extremadamente garantista. A los líderes del procés tampoco se les ha perseguido por ser miembros de una minoría nacional como les gusta considerarse a los huidos, sino que han sido encausados por cometer unos delitos que, además, han sido revisados recientemente para, según el Gobierno, homologarlos a los de otros países y que no haya trabas a efectos de extradición.
El TJUE ha dicho a los jueces belgas que tienen que constatar objetivamente y no con generalidades que la justicia española funciona mal y que existe riesgo para el respeto de los derechos humanos de Puigdemont y sus exconsellers. Pero resulta difícil fiarse de la justicia belga que ya ha mantenido posiciones incomprensibles respecto a la española como si se tratase de la de cualquier dictadura. Habrá que ver que argumentan para retrasar la entrega de Puigdemont cuando Llarena, como es previsible, lance una nueva euroorden. Y aún así todavía queda por dilucidar si goza de inmunidad como europarlamentario.