Ha ocurrido en Toledo, y también ocurrió en Vigo, sin ir más lejos: los tribunales han anulado sus planes de ordenación municipal, lo que ha echado por tierra años de trabajo por parte de sus ayuntamientos. La Federación de Municipios y Provincias (Femp) ha llegado a un acuerdo de todos los grupos políticos en la Ejecutiva que durante esta semana ha mantenido en Toledo para hace una reforma de los planes urbanísticos, de forma que haya seguridad jurídica y la vivienda baje. La idea es que cuando por alguna razón un tribunal anule una parte no sustancial de un POM no se anule todo el plan.

Así lo ha explicado el presidente de la Femp y alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su comparecencia ante la prensa junto a su anfitriona, la alcaldesa toledana Milagros Tolón. Caballero explicó que hacer un POM puede llevar de cinco a diez años y en estos momentos, si un tribunal anula «un tema irrelevante, de circunvalación», se cae el plan entero, dado que tiene carácter de reglamento.

El acuerdo quiere corregir este extremo y que solo caigan los planes si se anula parte del núcleo fundamental. Ahora la Femp está en contacto para que Congreso de los Diputados y Senado aprueben con urgencia la modificación de la ley, «porque hay unanimidad absoluta y es importantísimo».

De esta forma, aseguró Caballero, los ayuntamientos podrán sacar suelo dotacional para hacer vivienda social «y que los precios de las viviendas estén a la altura de las circunstancias de la gente». Al haber un nuevo plan, la vivienda podrá bajar.

Acogida. Tolón quiso dar las gracias a todos los alcaldes que han acudido estos dos días a Toledo, donde estuvieron presentes en unas Jornadas de Desarrollo Sostenible y Agenda Urbana, y después han participado en la Junta de Gobierno de la Ejecutiva de la Femp. A su juicio, «los ayuntamientos somos la administración más cercana, somos el Estado puro, y durante estos últimos años hemos pasado la mayor pandemia, hemos resistido y hemos modernizado neutras ciudades». Lo han hecho con el objetivo de hacer ciudades más sostenibles, solidarias y seguras; modernizar todos los servicios públicos como miden los ciudadanos; y dar un salto cuantitativo y cualitativo para modernizar las ciudades desde el punto de vista de la digitalización». Ahora, «estamos por fin en la agenda del Gobierno de España y vamos a seguir siendo partícipes de esa cogobernanza».