Símbolo de la marca España, la Alta Velocidad Española (AVE) cumple tres décadas inmersa en un  proceso de renovación constante y como protagonista de la nueva movilidad gracias a su carácter sostenible. No obstante, cruza esta meta con asignaturas pendientes tales como la desigual extensión de las vías por todo el país y el elevado precio de sus servicios para parte de la ciudadanía. De hecho, los principales actores en su desarrollo y comercialización coinciden: la nueva red debe ser más plural e inclusiva.

La línea que une Madrid y Sevilla inició su actividad comercial el 21 de abril de 1992, coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal en la capital andaluza, y constituyó una de las locomotoras de la internacionalización de la economía española. «El ferrocarril recibió un fuerte impulso a partir de 1986, con el acceso a la CEE y la puesta en marcha de planes de modernización», apunta el catedrático de Historia Javier Vidal.

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, considera que el aumento de la velocidad comercial media ha permitido que «el AVE otorgue un nuevo valor al tiempo», favoreciendo su rol «revulsivo en el mercado del transporte colectivo en España».

Desde 1992, la red se ha ido extendiendo y en la actualidad une 67 ciudades de España a través de una red de más de 3.000 kilómetros y 13 líneas rápidas. «Empezamos con menos de 20 trenes y 500 kilómetros de longitud entre cinco ciudades», recuerda la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que valora el salto «cuantitativo y cualitativo» dado por el transporte ferroviario de alta velocidad en España en estas tres décadas.

Sin embargo, algunas comunidades como Asturias, País Vasco o Extremadura aún no forman parte de un sistema que todavía acusa, en palabras de Vidal, «el excesivo radialismo de la red convencional».

La presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, detalla que al cierre de 2021 había en ejecución 11.500 millones de euros y para 2025 habrá 12.000 millones más. Con la cuantía correspondiente a este año, ADIF perfeccionará la conexión entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín y la llegada del ferrocarril veloz a la ciudad de Murcia. También se desarrollará la primera fase del AVE a Extremadura.

Democratización 

«Nuestra estrategia pasa por impulsar la Alta Velocidad y los corredores Mediterráneo y Atlántico», remarca la ministra, que también insiste en la necesidad de «impulsar las terminales logísticas y el acceso a los puertos».

La liberalización del transporte de viajeros y la entrada de operadores como la francesa Ouigo o Ilsa, que conectará Madrid con el Levante y con Barcelona con los trenes Iryo, posibilitan una red «más competitiva y asequible», valora Sánchez. «Lo más interesante es que demos la oportunidad a los nuevos operadores de que ofrezcan un transporte atractivo a la ciudadanía, que pueda decidir dejar el medio de transporte privado y se decante por la opción más sostenible», defiende, al tiempo que recalca que estas empresas «están permitiendo democratizar la alta velocidad y optimizar el uso de las infraestructuras».

Una liberalización que, ante el alza de los precios de la electricidad, se enfrenta a costes energéticos «cuadruplicados» que, si se trasladaran a los precios, podrían suponer incrementos del 30 al 40% en el importe final de los billetes, según temen desde Ouigo.