No es la primera vez que la Tesorería General del Ayuntamiento llama la atención sobre un problema de organización que ocasiona retrasos en la tramitación de las facturas, lo que lleva a sobrepasar esos 60 días de plazo legales -30 días de reconocimiento de la obligación y otros 30 para el pago efectivo- para abonarlas y, de momento, continuará haciéndolo según se indica en el Informe de Morosidad del segundo trimestre de 2019, que se elevó el lunes a la comisión de Hacienda.

En líneas generales, el Ayuntamiento cumple con la legislación vigente para la lucha contra la morosidad, paga a los proveedores dentro de los límites marcados, pero las facturas pendientes de pago ocasionan demoras que provocan que las cifras superen esos sesenta días que exige el Ministerio de Economía y Hacienda, con lo que se puede generar «una demanda de pago de intereses por retraso», según señala el correspondiente informe elaborado por la tesorera.

La situación no es preocupante porque el Ayuntamiento no tiene problemas de liquidez, todo lo contrario. Las arcas municipales disponían a  30 de junio de 25,5 millones de euros, un montante suficiente para hacer frente a las facturas pendientes, a la deuda bancaria y a la nómina de los empleados municipales. Además, señala «que hay mucha más liquidez disponible que obligaciones de pago», puesto que en la fecha límite quedaban 1.005 facturas pendientes de pago por valor de 7,7 millones de euros.

En principio, todo indica que los problemas de organización son puntuales y se irán resolviendo con más agilidad con la nueva aplicación informática de Tesorería que se ha contratado recientemente. Pese a estos desajustes, que ya se pusieron en manifiesto a comienzos de año, este incumplimiento no acarrea «consecuencias jurídicas».

Por otro lado, el informe de morosidad contempla que el Ayuntamiento ha pagado a los proveedores en este segundo trimetre 2.017 facturas por un importe de 12,1 millones de euros. La demora media de pago se sitúa en 50,23 días, un cómputo que indica que poco se va rebajando aunque este hecho pase desapercibido porque en el último trimestre de 2018 el periodo de pago se situó en 50,63 días.

La conclusión que extrae la Tesorería General es que el Ayuntamiento «cuenta con liquidez suficiente para ir cumpliendo con sus compromisos de pago, siempre que  se vayan tramitando las facturas en plazo, sin demoras y se mantenga normativamente el volumen de ingresos.

La contabilidad indica que el mayor número de facturas corresponden a  gastos en bienes corrientes y servicios. En total, el Ayuntamiento abonó entre abril y junio 1.935 facturas por importe de 8,5 millones de euros. En este caso, la mayor parte se abonó dentro del periodo legal, pero hubo 538 facturas, por 1,7 millones que sobrepasaron el límite, con lo que el periodo medio de pago se situó en 53,5 días. Un repaso a las cuentas pone de manifiesto que hubo 558 pagos fuera de plazo  por un montante de 2,3 millones de euros.

inicios. El arranque de la legislatura obligó en la primera comisión de Hacienda a dar forma legal a una treintena de facturas irregulares atrasadas, en buena parte, por la paralización administrativa que supone un periodo electoral. En este caso, el equipo de Gobierno, con el voto a favor de IU-Podemos, sacó adelante las facturas sin incorporar al presupuesto de 2018 que han pasado a este año y los contratos finalizados donde las empresas siguen prestando servicios, fundamentalmente. Los expedientes salieron adelante a pesar del voto en contra del PP y de las abstenciones de Ciudadanos y de Vox en esta primera sesión.