Los frentes que no abre el propio Gobierno con sus decisiones se los abren desde la oposición y multitud de sectores económicos y sociales con sus protestan. El principal problema es el territorial con numerosas derivadas; la primera, Cataluña, y la próxima reunión de la mesa de diálogo de Pedro Sánchez con Quim Torra, con el vaivén de la fecha de celebración; además, la negociación de las competencias pendientes de traspaso al País Vasco, con el asunto de la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social en 2021, mientras el resto de comunidades se mantiene expectantes para no perder comba y lograr que por fin se ponga en marcha la negociación de la financiación autonómica en la que están interesados los presidentes de todos los colores políticos.
Las circunstancias económicas tampoco son las mejores, con un periodo de estancamiento de la economía mundial en ciernes, aderezada con el rechazo que crea en la clase empresarial las iniciativas del Ejecutivo sobre impuestos y la contrarreforma laboral, con las secuelas de paro que pueden conllevar, contrarrestadas por una medida de justicia social como la subida del salario mínimo interprofesional que ha quedado por debajo de los mil euros. Otra medida como la revalorización de la pensiones con el IPC es otro de los apuntes en el haber que se puede apuntar el Gobierno, pese a que es imprescindible que el pacto de Toledo se ponga a trabajar para establecer unas reglas que permitan el sostenimiento del sistema .
Al SMI se le ha achacado una parte de los problemas por los que atraviesan los agricultores que han sacado a la calle los tractores, que se quejan del precio de los productos que cultivan y por los que reciben retribuciones que no han cambiado en lustros. Los intentos de paliar esa situación con nuevas leyes se va a encontrar con otro gran problema, la decisión de la Comisión Europea de presentar unos presupuestos en los que los fondos para la Política Agraria Común se quieren recortar en un 14%. El Gobierno busca alinearse con otros países para hacer lobby y que el hachazo no sea tan duro.
También en política internacional las relaciones con otros países no ruedan bien. El Ejecutivo está atrapado por el caso Delcygate y la relación con las dos Venezuelas, la de Maduro y la de la oposición de Juan Guaidó. La oposición no está dispuesta a soltar la presa que ha encontrdo en el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Pero más inquietante es la marcha de las relaciones con Estados Unidos, que presiona desde distintos frentes, del económico al de la seguridad.
El gobierno de coalición comienza a sufrir sus primeras fricciones entre los socios, por una parte por la política de inmigración y por otra porque el Gobierno ha decidió impulsar la ley de libertad sexual para blindar el solo el sí es sí antes del 8-M, después de que el Ministerio de Justicia hubiera tratado de posponerla. Dos a cero a favor de los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo que han logrado imponer sus criterios.
Ahora que la exministra de Justicia ha superado el trámite de la Comisión de Justicia del Congreso su nombramiento como Fiscal General del Estado es cuestión de días y con ello la imposibilidad, por muchos meses de que el PP acceda a la renovación de los órganos constitucionales que tienen el mandato terminado.