La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', a 3 años y 5 meses de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular al hacerse pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en una operación de compraventa de un inmueble.

En una sentencia se ha considerado acreditada la «conducta ilícita» de Gómez Iglesias «desplegada de forma personalmente ostentosa» para «aparentar de forma altamente convincente que se trataba de una persona que desempeñaba funciones» en el Ejecutivo.

La Sección Séptima ha considerado, sin embargo, que corresponde absolver a Gómez Iglesias del delito de estafa que le atribuían la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Podemos.

La decisión tiene lugar después de que el pasado 7 de noviembre el tribunal dejara visto para sentencia el juicio en el que 'El Pequeño Nicolás' negó que se hiciera pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada 'La Alamedilla'.

La Fiscalía aseguraba que el joven se había hecho pasar por un miembro de la Vicepresidencia del Gobierno para intentar hacerse con los 300.000 euros que había en la cuenta que el empresario tenía con su mujer, pero que --al no poder-- pidió 25.000 euros en efectivo, que es lo que le permitieron retirar.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado pedían para 'El Pequeño Nicolás' una pena de 6 años de prisión por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. El fiscal, además, solicitaba una pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo y una multa de 18.000 euros. La acusación popular de Podemos pidió para Gómez Iglesias 12 años de cárcel.

Ahora, en 95 folios, los magistrados han concluido que, pese a la declaración de 'El Pequeño Nicolás' fue «lógica y claramente exculpatoria», se han practicado distintas pruebas que «desacreditan» la versión del joven.

La Audiencia de Madrid ha considerado probado que, en octubre de 2014, Gómez Iglesias «conscientemente y con la clara intención de aparentar» de «su condición de empleado vinculado a la Vicepresidencia del Gobierno, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)», se desplazó por distintas calles de Madrid en vehículos de alta gama con conductor previamente contratados.

Según consta en la sentencia, el joven utilizó «sin autorización alguna», de forma externa y visible, «señales luminosas idénticas a las autorizadas para vehículos de servicios públicos u oficiales en servicio prioritario».

En el marco de la resolución, los magistrados han precisado que «no se ha probado con total certeza la entidad y finalidad de las operaciones» por las que Gómez Iglesias y Martínez de la Hidalga se reunieron en 2014. Tampoco se ha probado con total certeza que el empresario entregara «engañado» los 25.000 euros «ni que tuviera intención más adelante de realizar otro desembolso económico». Así las cosas, han acordado absolverle del delito de estafa que le atribuían las acusaciones.

Durante el juicio, el joven aseguró que trabajó como intermediario en la compraventa de la finca ubicada en Toledo a petición del empresario. Dijo que tenía previsto llevarse el 5% de la operación, de cerrarse en 15 o en 18 millones euros. Insistió, sin embargo, que al ser detenido no pudo continuar con sus servicios.

Gómez Iglesias reconoció haber recibido 25.000 euros de manos del empresario, pero defendió que fue en concepto de «provisiones y gastos» por su intermediación en la operación de 'La Alamedilla'. Subrayó que devolvió dicho importe a Martínez de la Hidalga, por lo que aseguraba que no hubo estafa alguna.