El Tribunal Económico Administrativo tuvo mucha más carga de trabajo el año pasado que el anterior. Así se desprende de la memoria de actividad de este órgano independiente y obligatorio por ley, dado que recibió 103 reclamaciones en 2021, el doble de las que llegaron en 2020. Si bien, el aumento de demandas mantiene la misma temática, ya que el 75% de las reclamaciones interpuestas por los ciudadanos guardan relación con la plusvalía, el impuesto municipal que llevaba años en los tribunales hasta la sentencia del Constitucional terminó tumbándolo en octubre y obligó al Gobierno a modificar el tributo para cubrir el vacío legal del fallo judicial.

Las plusvalías acapararon buena parte de la actividad de este órgano el año pasado, pero no en exclusiva, ya que el 18%de las reclamaciones correspondieron a multas de tráfico. Además, hay que sumar tres más sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), otras tres al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),una relativa al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y una más sobre las tasas municipales.

 La memoria de actividad indica que de esas 103 reclamaciones presentadas, 81 se tramitaron por procedimiento abreviado, puesto que la cuantía no superaba los 6.000 euros, y otros 22 por procedimiento general, ya que el importe sí excedía los 6.000 euros. Además, este órgano tuvo que tramitar las 52 que quedaban pendientes de 2020. La memoria indica que finalmente resolvió un total de 92 reclamaciones a lo largo del año pasado, 14 fueron estimadas, 45 desestimadas, 15 no resultaron admitidas y 17 resultaron archivadas por desistimiento o por acuerdo.

En este caso, el concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido, valora el buen funcionamiento de este órgano que presta su función como «autocontrol de la administración»,  «como una herramienta más al ciudadano, al que le resulta gravoso acudir a los tribunales» y ayuda a descargar también la jurisdicción contencioso-administrativa. Aun así, de las 60 reclamaciones al TEAM que no se admitieron, 20 acabaron como recursos en los tribunales.

Asimismo, los juzgados han resuelto otros 38 recursos anteriores a 2021 o presentados a inicios del año, de los cuales 18 han resultado desfavorables a las resoluciones de este órgano y otros 16 en la misma línea.

Plusvalía. 2021 ha marcado al Tribunal Económico-Administrativo con un buen número de reclamaciones relacionadas con el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, las conocidas plusvalías, pero Sabrido espera que la litigiosidad en este sentido se reduzca este año por el pronunciamiento reciente del Constitucional, con su fallo de carácter definitivo, y la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal que se aprobó el pasado 20 de enero.

Ambas sientan las bases para que el impuesto disponga de dos bases de cálculo, una objetiva teniendo en cuenta el valor  del terreno en función del recibo del IBI, y el subjetivo, sujeto al valor real con arreglo a la escritura de compraventa o al documento de transmisión del bien.

Las modificaciones pueden llevar, según Sabrido, a una pérdida de ingresos futuros de 1,2 millones de euros para el Ayuntamiento. Si bien, el cambio normativo también puede afectar más a las arcas municipales si se tiene en cuenta los ejercicios anteriores, una pérdida que los técnicos municipales calculan en 4,2 millones de euros. Aun así, el concejal de Hacienda subraya que  esta situación no afectará a la Tesorería, que finalizó el año con una existencias provisionales de 23,2 millones de euros, una cuantía que confirma «que su estado es francamente bueno» para hacer frente a las obligaciones económicas.

El Ayuntamiento de Toledo también está expectante, al igual que el resto de entidades locales, ante la respuesta del Gobierno en este caso, puesto que las administraciones municipales recaudaban el impuesto de plusvalía «tal y como decía la ley» y ahora se sienten «muy perjudicadas».