«El Ayuntamiento no funcionaba». Así se justificaron los seis concejales del Ayuntamiento de Ontígola que votaron a favor hace cuatro años y cuatro meses de la reducción del sueldo de la alcaldesa, Engracia Sánchez, a un euro bruto mensual por dedicación exclusiva. Cinco se sentaron hoy ante la Audiencia Provincial, más otro por videoconferencia, ante la acusación de la Fiscalía de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público de edil para cada uno. La defensa pide la absolución.

«Pusimos un euro como pudimos poner otra cantidad», declaró el concejal José Gómez, quien hizo hincapié en que la intención era una reacción del equipo de Gobierno. Por los testimonios del resto de ediles, confiaron en el exalcalde sobre la viabilidad de la decisión adoptada en el Pleno extraordinario de 17 de septiembre de 2016. Este, a su vez, explicó que consultó con los servicios jurídicos del Partido Popular y se basó en un caso parecido en el Ayuntamiento de Cebolla que apuntaba a la legalidad de la medida.

Pero la Fiscalía considera que los acusados actuaron con dolo (a sabiendas de la ilegalidad) como «venganza y represalia» tres meses después de que un juzgado devolviera a Engracia sus funciones como alcaldesa por vulneración de derechos fundamentales por una moción de censura que aupó a Gómez como alcalde cuatro meses, entre febrero y junio de 2016.

«No pensé que era ilegal», vino a decir Gómez, quien había ejercido ocho años como alcalde previamente, pese a que durante el Pleno la secretaria del Ayuntamiento leyó un informe de los servicios jurídicos de la Diputación que señalaba que era contrario a Derecho.

Otro de los acusados indicó que el motivo de reducir el sueldo a un euro buscaba que el equipo de Gobierno «espabilara» tras esos tres meses y trabajara a favor de los alrededor de 4.500 vecinos de Ontígola. «A mí nadie me dijo que era ilegal», sostuvo y recalcó que la secretaria no dijo expresamente que no fuera legal.

Los concejales, solo uno de ellos forma parte ahora mismo de la Corporación municipal de Ontígola, dejaron claro que no se trataba de una revancha o una represalia el origen de la denuncia y que desconocían que se incurría en una ilegalidad. «Si no se trabaja, un euro bruto me parece demasiado», subrayó otro de los acusados.

La Fiscalía defendió el contenido del escrito de acusación, que señalaba: «Siendo conocedores de un informe jurídico emitido al efecto, exponía que la propuesta de fijación de retribuciones a un euro bruto era contraria a Derecho, por tanto, con pleno conocimiento de que la resolución que adoptaban era radicalmente opuesta al ordenamiento jurídico, los acusados votaron a favor de la misma».

El informe de la Diputación dejaba claro que los acuerdos relativos al establecimiento y modificación de las retribuciones de los cargos electos municipales «han de estar motivados y su motivación debe estar relacionada precisamente con lo que justifica la existencia de la retribución, esto es, la existencia de tareas que deben ser desempeñadas en un régimen de dedicación exclusiva total o parcial».

Así, apostillaba: «No puede sobre la base de argumentos personales, los que se recogen en la justificación de este punto son más de esta índole que de otra, decidir las retribuciones propias de un cargo, convirtiendo un acuerdo retributivo en una censura personal».

El acuerdo de fecha de 17 de septiembre de 2016 fue suspendido cautelarmente el 7 de noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo.

La alcaldesa de Ontígola:«Advertí dos veces de que era ilegal»

Los concejales acusados y la regidora divergen sobre si se abordó en el Pleno que la reducción a un euro se trataba de una medida provisional o no

La denunciante y actual alcaldesa de Ontígola tras ganar las elecciones de 2019, Engracia Sánchez, manifestó durante el juicio que advirtió dos veces a los concejales de que la decisión era ilegal y sostuvo que no se expuso en el Pleno que fuera una medida provisional. Los acusados, por su parte, señalaron que la medida tenía un cariz temporal hasta que el Ayuntamiento de la Mesa de Ocaña funcionase correctamente.

La alcaldesa apuntó que el motivo de la decisión de los concejales estuvo en la moción de censura anulada.Al respecto, el escrito de la Fiscalía menciona también que el 29 de enero de 2016 se promovió una moción de censura que prosperó el 24 de febrero de 2016 y llevó a José Gómez a la Alcaldía. Pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo declaró nulo el acuerdo el 30 de junio de ese año por la vulneración de derechos fundamentales, por lo que la anterior Corporación de gobierno, encabezada por Engracia Sánchez, volvió al poder con las retribuciones fijadas en junio de 2015 de 2.100 euros brutos al mes en el caso de la alcaldesa por dedicación exclusiva. Tres meses después, se celebró el Pleno extraordinario objeto del juicio celebrado hoy.