Fue todo un hito para la época y lo fue también en la Historia de España. La aprobación del voto femenino en 1931 que hoy cumple 90 años supuso un punto de inflexión en el camino hacia la igualdad jurídica entre hombres y mujeres ya que el Congreso de la II República no solo aprobó una nueva Constitución sino que modificó el ordenamiento jurídico con la participación de dos diputadas claves: Clara Campoamor y Victoria Kent.

En los meses previos a la aprobación del voto femenino, las Cortes Constituyentes modificaron la legislación ordinaria y cambiaron normativas jurídicas como la vinculada a los jurados populares, donde ellas no podían participar. 

La letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional, Itziar Gómez, recuerda que aquel ordenamiento jurídico favoreció la participación de la mujer en los asuntos públicos, por ejemplo para que pudieran formar parte de los jurados en los casos de los llamados entonces «crímenes pasionales».

Un grupo de mujeres deposita su papeleta en una urna en las elecciones al Congreso en 1933.«Quizá porque se percibió que la visión de las mujeres para juzgar este tipo de comportamientos no era en absoluto idéntica a la que podían tener los varones», explica la letrada en el nuevo blog que ha abierto el Congreso de los Diputados con motivo de este aniversario.

Otras modificaciones se lograron en el ámbito laboral, para que la mujer pudiera participar en las oposiciones a notario o a registrador de la propiedad. Y es que cuando Clara Campoamor y Victoria Kent obtuvieron escaño tras las elecciones del 28 de junio de 1931 se fijaron como objetivo seguir impulsando los derechos de las mujeres.

Campoamor, perteneciente al Partido Radical, participó en la comisión que redactó la Constitución de 1931 que, entre otras cosas, también mantenía la nacionalidad española de la mujer si se casaba con un extranjero. Aquella Carta Magna de la II República dio paso al sufragio universal aunque no fue hasta el 19 de noviembre de 1933 cuando las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en la historia. Además de la Constitución de la II República, las Cortes Generales modificaron en posteriores legislaturas el derecho de familia o el derecho penal, con la aprobación del matrimonio civil y del divorcio o con la igualdad de penas por los «delitos pasionales» o por violencia dentro del matrimonio, ya que hasta ese momento se juzgaba diferente a hombre y mujer.