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El alcalde recurrirá la sentencia que le inhabilita por siete años

J.F.
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Gregorio Rodríguez mantiene su inocencia ante la denuncia del PSOE, juzgada en el juzgado de loPenal número dos, de haber quitado varias multas a un vecino y su hijo de forma arbitraria

El alcalde recurrirá la sentencia que le inhabilita por siete años - Foto: David Pérez

El alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, va a recurrir ante la Audiencia Provincial la sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Toledo que le condena a siete años de inhabilitación para cargo público por haber retirado una serie de multas a un vecino del municipio y su hijo sin tener en cuenta, sostiene la jueza del caso, la normativa vigente para tal extremo.

Aunque no quiso hacer declaraciones hasta ver el resultado final, que queda en manos de la Audiencia, el alcalde, que lleva varias legislaturas renovando la confianza de los vecinos y puede presumir de gestionar un Consistorio sin deudas y con unas cuentas más que saneadas, reiteró nuevamente su inocencia.

Ya en el juicio indicaba que si hubiera querido ocultar la retirada de las multas, no habría pasado la resolución por Pleno para que la conocieran el resto de los concejales, lo que demuestra, a su juicio, que su actuación estaba libre de cualquier sospecha de prevaricación, delito éste por el que ha sido condenado.

Sin embargo, la jueza no ha valorado si Rodríguez actuó o no de buena fe, ciñéndose exclusivamente a la legalidad de los hechos, que considera constitutivos de delito. De esta forma, argumenta que la decisión de revocar las multas se «acordó con pleno conocimiento de que en la misma no se habían observado las formalidades mínimas establecidas por el ordenamiento jurídico».

En el punto cuarto de los hechos probados, la magistrada sostiene que «la decisión revocatoria emitida por el acusado, cuando se documenta, argumenta que los estacionamientos sancionados eran simples paradas momentáneas para comprar el pan y no estacionamientos, si bien tal argumentación no fue alegada ni por el ciudadano J.A.S. -al que se retiraron las sanciones- ni fue invocada por los agentes de la Policía Local que impusieron tales multas. Tal decisión revocatoria, el acusado la adoptó con el claro objetivo de favorecer a J.A.S., pues a la petición de éste, dio un cauce ajeno al prescrito por la ley, y que el acusado debía perfectamente conocer en su condición de alcalde».