La comisión de Cuentas, la última que ha celebrado hoy por la mañana, ha sido más ágil que la de Urbanismo y la de Hacienda, pero también se ha alargado más de lo necesario por las críticas de IU-Podemos y su oposición a dar un sí al único punto del orden del día a las cuentas generales de 2018 que en su momento sacaron adelante el PSOE junto a Ganemos Toledo.

La concejala de Hacienda, Mar Álvarez, ha dado por aprobada la cuenta general del Ayuntamiento del año 2018, pero acto seguido el concejal Txema Fernández ha apuntado que a su grupo «no le gustaba nada este modelo político» que ahoga al Ayuntamiento con la privatización de servicios públicos y el pago de la deuda financiera porque, entre otras cosas, queda «muy poco margen» para gestionar  para la ciudadanía».

Fernández ha dejado claro desde el principio que «técnicamente» no se puede poner pegas a la cuenta general, pero consideraba imprescindible realizar «una contribución política» para intentar que haya cambios y las cuentas no estén tan acotadas por los servicios municipales privatizados, que suponen unos 28 millones de euros, a los que hay que sumar las nóminas de los empleados municipales y los pagos de la deuda que la administración municipal mantiene con los bancos.

«No vemos políticamente viable que la empresa de agua haya tenido 570.000 euros» y ha recordado que los toledanos están pagando muy caro «por un derecho humano a una empresa privada». Tampoco entiende por qué el Ayuntamiento gasta 160.000 euros en software cuando se dispone de un servicio de informática municipal. Pero quizá lo más llamativo, en su opinión, sea que en Teatro de Rojas no se presupuestó «un céntimo» para horas extras en 2018.

Por estos motivos, desde IU-Podemos se apuesta por otro modelo  y otra forma de gobernar en el Ayuntamiento de Toledo. Pese a todo, el grupo ha terminado apuntando la abstención y la concejala de Hacienda ha aprovechado para recordarle a él y al resto de portavoces de los grupos de oposición que el punto del orden del día no invitaba a un debate políticamente, únicamente  había que valorar «si las cuentas se han hecho conforme a la legalidad o no» y en este aspecto sí cumplen los criterios y exigencias marcadas según los técnicos municipales.