Hace unos meses, los medios de la derecha amplificaron la noticia de que un juez de Barcelona había citado como imputada a la alcaldesa Ada Colau por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a determinadas entidades sociales de aquella capital. La denuncia había sido presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática y, de inmediato, no faltaron voces pidiendo su dimisión, deslizando sobre ella los estigmas de prevaricación, fraude en la contratación, malversación o tráfico de influencias. Quienes entonces quisieron crucificarla, andan ahora con el rabo entre las piernas: la semana pasada, el juzgado instructor archivó la causa, considerando, tras cuantas diligencias ha practicado, que la regidora no cometió infracción penal alguna.
Este ha sido el último caso de eso que ha dado en llamarse 'lawfare' (guerra jurídica), estrategia que determinados colectivos llevan a cabo constantemente utilizando de forma indebida los procedimientos legales para dar apariencia de 'legalidad' a lo que tan solo son intentos espurios de quebrar al adversario político. Días antes de lo de Colau, la Audiencia Nacional también archivó la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela. Llueve sobre mojado. Ambas decisiones judiciales no son la excepción que confirma la regla, sino que se suman a otras muchas en que las alharacas con las que algunos celebran la apertura de procesos contra determinados responsables políticos, mucho más si son progresistas y de izquierdas, quedan luego en agua de borrajas.
En ocasiones, el origen de estos llamativos procedimientos judiciales se encuentra en organizaciones satélites de la ultraderecha, que actuando desde cierta opacidad intentan presentarse ante la opinión pública bajo una pátina de credibilidad, honorabilidad y compromiso con la defensa del interés común. Lo deplorable – y tal como lo siento, lo escribo- es que ciertos medios de comunicación y destacados nombres de la información diaria se presten jacarandosos a tan aviesos tejemanejes, sumando a ello sus personales sesgos ideológicos, no importándoles contaminar así a la opinión pública y alentar el linchamiento de aquellos a quienes, con toda falta de respeto y empatía, presentan como la reencarnación de Belcebú. Difama, pues, que algo queda.