El vicesecretario general del PSOE en Talavera, Miguel Perantón, ha destacado que el PP utilizó los planes de empleo «para sustituir al personal del Ayuntamiento por mano de obra más barata». Así, ha asegurado que el Gobierno de Ramos y Serrano «no concibió, en ningún momento, las políticas activas de empleo como oportunidades que hiciesen posible el acceso o reinserción en el mercado de trabajo, sino como caridad o beneficencia».
Contesta así Perantón al senador popular José Julián Gregorio, que el viernes acusaba a la alcaldesa, Tita García Élez, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como responsables de la deuda millonaria que recaerá sobre el Ayuntamiento.
Perantón asegura que el Partido Popular «mintió» respecto a la consulta formulada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que ésta les indicaba la necesaria negociación con los representantes de los trabajadores ante la intención que mostraban de modificar las retribuciones. «De no ser así», ha señalado, «era obligatorio aplicar el convenio vigente».
Para los socialistas, «mintieron y lo siguen haciendo» al presentar un recurso «mal fundamentado», tal como reconoce el Tribunal Supremo y antes el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha al desestimarlo. Así, han informado que desde el PP «únicamente pretendían ganar tiempo posponiendo la aplicación de la sentencia, evitando tener que hacerlo en un periodo previo a las elecciones municipales».
El vicesecretario general ha llamado «a la prudencia y contención» a José Julián Gregorio, senador del Partido Popular, quien «utiliza expresiones que distan mucho de las que debería realizar un representante de los ciudadanos». Por ello, Perantón le ha pedido que «abandone el insulto y la ofensa, ya que éstos son calificativos que definen únicamente a quienes las pronuncian».
De este modo, ha asegurado que la falta de negociación con los sindicatos en el tema del plan de empleo se debió «a la mala gestión y soberbia del equipo de Gobierno anterior», a los que acusa de buscar «artimañas» para escapar al control de los agentes sociales. Así, «se encomendó la gestión de los planes de empleo a un Organismo Autónomo donde, debido a su entidad, no había representación de los trabajadores y los estatutos remitían de manera directa a la aplicación del convenio colectivo del Ayuntamiento».