La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales (departamento que dirige Ione Belarra) para cambiar el modelo de residencias, sigue sin sumar apoyos. El miércoles no se llegó ni a votar, después de que varias comunidades autónomas, -entre ellas Castilla-La Mancha- mostrara su rechazo. Hoy, la Asociación de residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam ha confirmado lo que ya sabíamos, que están «totalmente en contra de este borrador de acreditación». En rueda de prensa, el presidente de esta patronal, Francisco José Núñez Alía, ha puesto sobre la mesa que «el documento recoge muchas medidas, pero solo dedica cuatro líneas a la financiación» una financiación que además, «no deja clara, se la atribuye a las comunidades autónomas, y eso no puede ser» subraya Núñez. 

Desde Artecam «aplauden» el aplazamiento del 'Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia'. Consideran que supone «una oportunidad» para «reconducir» este documento, que en caso de haberse aprobado en los términos pactados, «habría supuesto un 'tijeretazo' a la oferta de plazas para personas mayores y una irreparable pérdida de puestos de trabajo» ha lamentado Núñez. 
Ha apuntado que en las reuniones mantenidas en este sentido con la consejería de Sanidad, tanto gobierno como Artecam «hemos coincidido en todo». Se ha mostrado además preocupado por las zonas rurales «si limitamos las plazas, la España vaciada, va a estar todavía más vaciada» ha sentenciado.

Argumenta que «las residencias dan mucho empleo en estas zonas» un empleo que además es mayoritariamente femenino, por eso ha pedido que «no se mire tanto a la comunidad de Madrid, porque España es muy rural». 

Según los cálculos de Artecam, sería necesario que el Gobierno pusiera cada año 1.000 millones de euros y «hacer una buena planificación» para «desplegar en todo el país la Ley de Dependencia». Han insistido en que están a favor «de un nuevo modelo de residencias» pero con una «implicación auténtica del estado» porque «no es de recibo» que el Gobierno central imponga «la política del invito, pero tú pagas». Para el usuario, la aplicación del nuevo modelo podría suponer «un 5o por ciento más en los costes» según Artecam.