La Fiscalía mantiene su petición de cuatro años de cárcel, otros seis de inhabilitación para cargo público y una multa de 7.300 euros para el exalcalde socialista y actual portavoz municipal del grupo Queremos en el Ayuntamiento de Chozas de Canales, Antonio Antúnez, por una presunta falsificación de un documento público de tipo urbanístico. En concreto, se acusa al exregidor de emitir varios certificados cuyo contenido era «rotundamente falso» a favor de dos promotoras para que éstas pudieran soslayar obligaciones ante los compradores de sus viviendas, como suscribir un seguro decenal para reparar defectos que aparecieran en ellas. Así ha concluido el juicio que por este asunto se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. La Acusación Particular planteada por otro exalcalde de la localidad sagreña, Julián Agudo (PP), se ha sumado a la petición de la Fiscalía. Mientras la Defensa del exregidor ha reclamado su absolución aduciendo que una licencia original que avalaría lo dicho por Antúnez en su certificado se habría traspapelado.
Los certificados que han llevado a Antúnez por tercera vez a un banquillo de los acusados (ya fue condenado en 2007 a siete años de prisión por prevaricación, aunque fue absuelto en 2013 por otra acusación similar) fueron firmados expresamente por él en 2005 a favor de dos empresas, Flos Inversora y Morguen Inversora. Ambas eran propiedad del mismo constructor, el ya fallecido Felipe Barbarroja. En los documentos, el entonces alcalde aseguraba que las dos empresas habían solicitado licencias de obra para la construcción de viviendas, en concreto las 446 del PAU Z-10, el dos de mayo del año 2000.
Esta última fecha no es casual, ya que remite a varios días antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación. De este modo, el constructor quedaba exento del cumplimiento de las obligaciones que la norma fijaba para un constructor ante los compradores de sus casas. Entre ellos, la suscripción de un seguro decenal para garantizar en los 10 años posteriores a la entrega de las casas se repararían los fallos existentes en ellas. También se obligaba al constructor a efectuar un estudio geotécnico de los solares en los que se construía, según se vio en el juicio. Se da la circunstancia de que en viviendas construidas por Barbarroja en Chozas de Canales y en sus calles aparecieron numerosos fallos, como puede verse en las imágenes adjuntas.
En sus conclusiones finales, la fiscal ha asegurado que en la vista oral se han visto confirmados los extremos de su acusación. Así ha destacado que el archivero municipal de Chozas de Canales ha certificado que ni en los registros de entrada ni de salida de la Corporación figuran las licencias de obra del año 2000 a las que alude Antúnez en su certificado. También señala que la anormalidad del certificado, al liberar al constructor de los compromisos de la LOE, llamo la atención de los tasadores de las viviendas, hasta el punto que fue incluido como observación en escrituras de compraventa de las viviendas. También llamó la atención sobre el hecho de que, si se hubieran concedido las licencias de obras en el 2000, se habrían concedido sobre suelo rústico, algo ilegal. Destacó que el proceso de recalificación de los terrenos del PAU Z-10 se efectuó entre 2003 y 2005. Incluso una de las empresas beneficiadas por las licencias recogidas en el certificado, Morgen , ni siquiera estaba constituida en el 2000.
Por su parte, la Acusación Particular destacó que los certificados se habían hecho «a espaldas de los cauces administrativos normales -sin intervención del secretario- porque el acusado sabía que eran falsos».
La abogada de la Defensa, por su lado, remarcó el testimonio del dueño de un bar en Chozas, que afirmó que en la época en que se efectuaron los hechos el Ayuntamiento le extravió un expediente urbanístico, para apuntalar su teoría de que las licencias del 2000 existieron realmente y desaparecieron del archivo municipal. Justificó estó en la enorme carga de trabajo que supuso para el Consistorio la tramitación de los distintos PAU de Barbarroja (suman más de 1.000 viviendas) lo que saturó los servicios del Consistorio sagreño.
El exalcalde aduce que autorizaba las viviendas por su cantidad, sin saber su localización.
Durante su interrogatorio al comienzo del juicio, Antúnez reconoció que firmó los certificados pero prácticamente sin ser consciente de su posible falsedad. Para ello, adujo que los documentos fueron introducidos en la carpeta de documentación para su firma que le preparaban los empleados municipales.
A preguntas de la fiscal, el exalcalde explicó un peculiar sistema de aprobación de viviendas ‘al por mayor’ en el que se sabía el número de casas aprobadas pero no su ubicación en un terreno determinado. «Pedía licencias por cantidad de viviendas, no se ponían los PAU», en los que se localizarían, comentó.
Por su parte, el denunciante de Antúnez, el también exalcalde Julián Agudo (PP), recordó que en los tiempos del acusado «se cogía suelo rústico para construir viviendas».
La defensa llamó como testigos a ediles del antiguo equipo de Gobierno de Antúnez, como el también exalcalde del PSOE Ignacio Pitaluga y la actual concejal por Queremos Isabel López Casarrubios. Esta señaló una falta de custodia en el archivo municipal en el que «cualquiera podía acceder».