La recolección del ajo en la región, si descontamos la del espárrago que ha comenzado ya en Guadalajara, representa en el calendario agrícola la primera gran campaña de gran demanda laboral para recoger un producto fresco, -almacenable eso sí-, pero de poca durabilidad sobre la tierra, una vez que pasa la cosechadora por el surco.
De hecho, queda poco más de un mes para organizar las primeras cuadrillas de temporeros que, tradicionalmente, vienen de la fresa de Huelva (también de otros rincones de la comunidad y del país), al finalizar allí los trabajos y enlazar con esta nuestra para después seguir con la fruta de hueso, más adelante la del melón y la sandía, y concluir la vendimia; ya en invierno, con los primeros vareos de aceituna de noviembre y diciembre.
Las tres principales organizaciones agrarias, Asaja (con representación en la CEOE), UPA, y COAG,  y desde luego también las cooperativas agroalimentarias, se enfrentan a una prueba de fuego con la nueva reforma laboral que desde el 1 de abril ha puesto fin a los clásicos contratos de obra y servicio, limitando a dos supuestos la posibilidad de formalizar una relación laboral temporal o eventual entre el agricultor y el jornalero. El resto, deberán pasar a fijos discontinuos.
Y por eso, sin fisuras, y con gran perplejidad por no haber logrado convencer al Gobierno de la singularidad del campo condicionado por la propia naturaleza y la imprevisión permanente para acotar ciertas necesidades, temen serios problemas en el cumplimiento de la ley sin incurrir en irregularidades involuntarias. Y esto sin tener en cuenta en este debate la gran dificultad que vienen verbalizando en estos últimos años para encontrar trabajadores dispuestos o disponibles en las listas de los servicios público de empleo.
A partir de ahora, cada empleador deberá anunciar en el último trimestre del año su previsión de necesidades. Es decir, entre octubre, noviembre y diciembre, tendrá que hacer un cálculo de esa mano de obra ocasional, sin haber sembrado en muchos casos, si apuntamos cultivos de primavera o de verano que requieren tanta mano de obra sobre el terreno. Y con esa previsión, no podrán superar un cupo de 90 días continuados de relación laboral temporal con ese mismo trabajador a lo largo de un mismo ejercicio. Algunas organizaciones agrarias propusieron 120 días para no tener problemas, pero no prosperó.
El otro supuesto reglado permitirá una relación eventual en situaciones imprevistas y sobrevenidas, por ejemplo, un pedido repentino de comercialización para una cooperativa ajera que requiera de refuerzo de plantilla para atender la venta; tendrá un máximo de seis meses prorrogables tres más según convenio, lo que aparentemente da un respiro a las cooperativas que manufacturan que sin embargo manifiestan serias dudas por la difícil interpretación jurídica de la casuística.
Y este es el gran problema que ven a corto plazo: la libre interpretación y el arbitrio de la inspección laboral frente a una redacción muy imprecisa que requiere de una gran pedagogía y una urgente ronda formativa para saber qué tienen entre manos.
UPA se ha reunido ya con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha que este lunes, por cierto, recibe en Toledo al secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, para inaugurar la jornada 'La reforma laboral a debate'. Y debate hay…
   Igual debería ampliar la gira por nuestro campo.