España se librará finalmente de la multa de hasta 80 millones de euros que estudiaba la Justicia Europea por el retraso en aprobar la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 16 de junio, después de que Bruselas haya comunicado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que la transposición de las normas comunitarias es correcta y haya retirado su denuncia. 

En concreto, la Comisión comunicó a la Secretaría del tribunal de Luxemburgo que considera que España ha trasladado correctamente la directiva a la legislación nacional y, en consecuencia, ha notificado su desistimiento formal del caso. 

Esto significa que ya no habrá una sentencia condenatoria, sino un auto con el que el Tribunal formalizará el cierre del caso. La Justicia europea, no obstante, tendrá que dirimir qué parte del asunto es responsable del pago de las costas. En estos casos, el reglamento establece que es el demandante que desiste el que tiene que hacerse cargo de estos gastos, pero esta responsabilidad puede trasladarse a la parte denunciada «si se estimase que la actitud de ésta última lo justifica».