El Grupo Municipal Popular no ha tenido que esperar mucho para tener en sus manos el informe que solicitó por burofax el 1 de junio a la Intervención General para conocer con detalle la fecha de finalización de contrato, disponer de información sobre las sucesivas prórrogas del servicio de limpieza y de recogida de residuos urbanos que mantiene Valoriza, saber su situación actual, si ha puesto reparos a las distintas prórrogas, si existe en la última, si el equipo de Gobierno la ha levantado, y si es posible y viable que el nuevo contrato para la prestación del servicio cuente con un plazo de ejecución de siete años.
La respuesta, aunque parcial, le llegó a la oposición hace una semana. Lo cierto es que el grupo no ha visto resueltas todas sus solicitudes, puesto que buena parte de la información que el PP ha solicitado por burofax escapa a la competencia de la Intervención, que recomienda que la solicitud la remitan «a la unidad administrativa correspondientes o bien al archivo general del Ayuntamiento».
Si bien, tras aclarar en su respuesta que la obligación de emitir informes de naturaleza económica o administrativa va ligada a los asuntos que se someten al Pleno y no es el caso, la Intervención sí informa de su criterio desfavorable sobre la propuesta de continuidad del contrato en prórroga con Valoriza, la actual concesionaria, hasta que esté lista y adjudicada la nueva licitación. En este sentido estableció un reparo suspensivo el pasado 2 de marzo y realizó una serie de observaciones, las mismas que en informe de fiscalización de la prórroga, pero no fue el único informe porque a los dos días la unidad gestora planteó un procedimiento de discrepancias, ajustado al artículo 15 de la Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, y se adjuntaron otros informes de asesoramiento de la Secretaría General del Gobierno y de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En vista de la documentación, el interventor añade en su respuesta a la oposición que la Alcaldía-Presidencia intervino para resolver «de forma motivada la continuidad del procedimiento de gasto» mediante un decreto firmado el 25 de mayo, fecha que coincidió con el viaje de Milagros Tolón a París, un tour promocional e institucional organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, los reparos suspensivos se han levantado casi tres meses más tarde del informe de la Intervención.
En este caso, como el contrato ha caducado en noviembre, el equipo de Gobierno municipal ha alcanzado un acuerdo con Valoriza para firmar otro contrato temporal hasta que pueda iniciarse el nuevo, que aún sigue pendiente de fecha, pero el asunto tiene ‘su miga’ porque aunque ya se han levantado los reparos de la Intervención, el Ministerio de Hacienda ha emitido un informe desfavorable a la estructura de gastos que se le ha enviado, como se ha dado a conocer en la comisión de Hacienda de la semana pasada.
En todo caso, lo que parece claro y sin discusión es que se trata de un servicio imprescindible que debe prestarse al margen de los trámites y las fórmulas que se adopten para ganar tiempo hasta que esté lista la licitación. Aun así, el interventor deja claro en su reparo que no le corresponde «entrar a considerar la obligatoriedad del servicio como justificación de la continuidad del anterior contratista»
En este caso, recuerda que «la administración tiene la obligación de actuar conforme al principio de legalidad y los contratos de servicio tienen que ser objeto de licitación siguiendo los procedimientos fijados en la Ley de contratos del sector público». Por tanto, en el informe de respuesta al PP la Intervención insiste en que la propuesta formulada para continuar prestando el servicio hasta que haya nuevo contrato «no se ajusta a la ley».
avisos. No es la primera vez que la Intervención tiene que pronunciarse sobre el contrato de la limpieza y recogida de basura. En el informe se añade «que se ha venido advirtiendo a la unidad gestora «de forma reiterada» sobre la conveniencia de iniciar el procedimiento de licitación del nuevo contrato «con tiempo suficiente para que pudiera formalizarse antes de la finalización del actual», pero señala que «no se ha actuado procedimentalmente hasta octubre de 2020, un mes antes de la finalización de la prórroga»..
Al interventor tampoco le valen los argumentos y las justificaciones del equipo de Gobierno en relación al cambio imprevisto de la modalidad del contrato «como consecuencia de la nueva legislación», ya que la actual normativa a la que se refieren -Ley 9/2017- está en vigor desde marzo de 2018. Tampoco empatiza «con la justificación del estado de alarma» como motivo de retraso porque «si se hubiera actuado diligentemente y dentro de una planificación adecuada el procedimiento de licitación «habría estado iniciado antes de su declaración».