El avance del Plan de Ordenación Municipal (POM) está más cerca y son muchos los sectores que ya esperan con impaciencia este bautizo, como ocurre con Apturcam (Asociación de Propietarios y Gestores de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico), las comunidades de propietarios del Casco y los dueños de inmuebles que quieren optar a este mercado de alquiler.  Si bien, los tribunales han obligado al Ayuntamiento a cambiar de guión a última hora para evitar problemas jurídicos a la hora de plantear la regulación de este tipo de viviendas en auge desde hace más de dos años. 

En principio, los técnicos municipales analizaron a finales de año la manera de dar forma a una ordenanza reguladora que se anunció antes de la pandemia de covid y su tramitación quedó paralizada por las circunstancias. Sin embargo, a pesar de que la administración tenía en mente continuar por este camino, y así se comunicó públicamente en diciembre, se ha visto obligada a dejar de lado la ordenanza para buscar otra forma de regular este tipo de viviendas a través del planeamiento urbanístico. 

Por este motivo, recientemente se anunció que la regulación de las viviendas de uso turístico iría ligada al Plan de Ordenación Municipal. El anunció sobrevino sin más en el Consejo de Participación Ciudadana del Casco hace unos días y  su presidente, Francisco Rueda, explicó que se ha descartado la ordenanza para evitar los problemas legales que están sufriendo las ciudades que disponen de ella. 

En este sentido, el Ayuntamiento dispone de algunas sentencias  de otros municipios y prefiere optar por otro modelo para regular la densidad de estas viviendas con el objetivo de que este tipo de mercado conviva con el tradicional  y también guarde una buena sintonía con los residentes en el Casco.  De esta manera, desde el Ayuntamiento se indica que una vez que  se presente públicamente el avance del POM se plantea la posibilidad de ir dando forma «a una nueva herramienta» orientada a las viviendas de uso turístico. 

Si bien, la falta de ordenanza municipal también ha puesto en una complicada situación a la administración municipal, que no ha podido suspender temporalmente las licencias de viviendas de uso turístico que se han ido solicitando en los últimos meses para evitar caer «en una ilegalidad». Por tanto, aunque hace poco más de cinco meses se apuntó públicamente que se retomaría el expediente con el objetivo de sacar lo antes posible la ordenanza y paralizaría las licencias, en la práctica los trámites han continuado sin más porque no había posibilidad legal de lograr esa suspensión temporal. 

El mercado de apartamentos y viviendas de uso turístico, muy de moda desde hace tiempo, ha crecido bastante en los últimos tiempos. Se estimaba que había 200 inmuebles de este uso en 2019, pero  un año más tarde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) detectó que superaban las 450, con lo que triplicaban las ofertadas de alquiler residencial, y muchas de estas viviendas se ofrecían sin permiso administrativo, por lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tenía constancia de   su explotación.