¿Hasta cuándo durará la luna de miel entre Arrimadas y Sánchez? Muchos creen que fueron unos minutos, desde que la andaluza apoyó la última prórroga del estado de alarma hasta que se supo que el presidente había engañado a Ciudadanos -y al PNV- al llegar a un acuerdo secreto con EH Bildu. Pero ahora parecen las aguas más tranquilas y es posible que los naranjas respalden la definitiva el miércoles próximo si, como dijo su líder interino, Edmundo Bal, el presidente Sánchez «mira al centro moderado y no a ERC o a EH Bildu». Con o sin plan B -La Moncloa parece tenerlo ahora-, quedan los Presupuestos, cuya falta de apoyos fue una de las razones por las que se convocaron las elecciones generales.
La fiscalidad es el principal escollo que separa al bloque liberal de las Cuentas para 2021, aunque no siempre fue así, ya que los naranjas llegaron a pactar con los socialistas el poder estudiar un impuesto a las grandes fortunas. Fue en 2015, en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso.
Hace cinco años, las tesis económicas pasaban por mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario y, en particular, de la imposición a la riqueza, mientras que ahora se han transformado en un no rotundo a subir impuestos a los grandes patrimonios, que es lo que pregona cual mantra Pablo Iglesias.
El Ejecutivo no parece que vaya a renunciar a incluir en los Presupuestos de 2021 la subida del IRPF a las rentas altas o el establecimiento de un tipo mínimo del 15 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas y del 18 para la banca y petroleras.
Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, reiteran la apuesta por una fiscalidad «justa». Una política que ya fue vetada por los liberales con una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2019 al considerar que contemplaban un aumento de gasto público que desviaría el déficit al alza. No obstante, la recesión económica derivada de la crisis de la COVID-19 ha cambiado la perspectiva para este año respecto al cumplimiento de las reglas fiscales europeas y también la visión de Cs para apoyar medidas de gasto para ayudar a autónomos, pymes y familias.
La urgencia de aprobar unas Cuentas públicas tras dos prórrogas de las de 2018 y, ante la situación que deja el coronavirus, podría facilitar que Arrimadas permitiera la tramitación del proyecto presupuestario y no presentara enmienda a la totalidad o no apoyara las de otras formaciones. Sin embargo, esto no significa un voto favorable.
De acuerdo con su último programa electoral, Ciudadanos propugna bajar el IRPF para rentas de más de 60.000 euros anuales, eliminar deducciones fiscales en la tasa de sociedades, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, y facilitar que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas, frente a PSOE y Unidas Podemos, que abogan por lo contrario.
En concreto, la coalición apuesta por subir el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, por un tipo mínimo del 15 por ciento del impuesto de sociedades y por un incremento del 1 por ciento en el de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros.
En materia laboral y de pensiones, ambos partidos también difieren ya que mientras el Gobierno pretende cambiar la prevalencia de los convenios para que tenga más peso el sectorial que el de empresa, Ciudadanos siempre ha apostado por un mercado flexible y por el denominado contrato único.
No obstante, hay coincidencia en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, aunque los socialistas y morados apuestan claramente por una revalorización por ley con el IPC, mientras los naranjas instan primero a tener un modelo que pueda financiarse y sostenerse a largo plazo.
También en los temas de economía digital, sostenibilidad o transición ecológica hay posturas más cercanas. Ciudadanos no rechaza los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales o sobre las transacciones financieras, y solo pide que sean homogéneos en toda Europa y puedan entrar en vigor en 2021 y no este año.