Un informe jurídico sustenta la decisión adoptada por el Gobierno municipal de prohibir el botellón en todos los espacios públicos de la ciudad, y no solo en el Casco histórico y zonas específicas como el Circo Romano o Safont como contempla la ordenanza, para evitar las aglomeraciones y los riesgos de contagio durante el estado de alarma y «la situación de emergencia», dice el texto.

El documento está firmado por el secretario general del Gobierno del Ayuntamiento de Toledo y está fechado el 4 de junio, precisamente cuando el equipo de Gobierno envió una nota de prensa informando de la decisión adoptada para evitar situaciones como las vividas en Tomelloso el pasado fin de semana.

Pero la oposición municipal no recibió el informe este jueves, tal y como confirman tanto desde el PP como desde Izquierda Unida. Lo recibió ayer tras las dudas planteadas por los ‘populares’, también en una nota de prensa, sobre la base legal sobre la que se sustentaba la decisión.

Desde el PP consideran que la oposición debería haber recibido este documento desde el primer momento, en lugar de solo una llamada telefónica de la portavoz municipal y considera que lo aprobado por Milagros Tolón este jueves fue una «declaración de intenciones» en la que «todos evidentemente estamos de acuerdo» pero sin concretar «qué se prohibe y en base a qué se prohibe», además de alertar de que los ayuntamientos no tienen las competencias respecto a derechos fundamentales.

Desde IU ven el botellón como un problema derivado de la ausencia de ocio alternativo en la ciudad  en líneas generales y consideran que para prohibir esta actividad primero hay que definir qué es botellón e iniciar un debate político para regular qué hacer con el consumo de alcohol en las calles. En cualquier caso, recalcan que «no es prudente permitir concentraciones si no se puede garantizar el distanciamiento».

Sobre el informe jurídico municipal, el secretario general del Gobierno sustenta que se puede prohibir el botellón aplicando la ordenanza ‘antibotellón’ aprobada en 2006 por el Ayuntamiento de Toledo, aunque reconoce la «oscura redacción» de esta normativa.

En cualquier caso, el informe indica que la ordenanza contempla el «peligro en la seguridad de las personas» como causa válida para extender a nuevas zonas la prohibición del consumo de alcohol, fijado en 2006 en el Casco, Safont, Circo Romano y zonas de protección acústica. «Entendemos que cabría dentro de la legalidad el extender a todas las zonas de espacios públicos de Toledo dicha prohibición de consumo, en su modalidad colectiva, por peligro en la seguridad de las personas mientras se mantenga la vigencia de la situación de emergencia y del estado de alarma», sostiene.

El documento respalda que la decisión se puede adoptar «transitoriamente» mediante «Resolución de Alcaldía»  debido a la situación «de urgencia sanitaria». «Si bien dicha decisión deberá ser aprobada y ratificada a la mayor brevedad posible por la Comisión de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Deportes, dando cuenta de todo ello al Pleno en la primera sesión que se celebre», advierte.