La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su departamento está ultimando un algoritmo para fiscalizar mejor el número de horas extraordinarias realizadas en nuestras empresas. Según datos de la última Encuesta de Población Activa, en España se contabilizan cada mes 27 millones de ellas, de las cuales el 44 por 100 no son remuneradas. Aunque estas cifras son mejores que las de años anteriores, esta situación, tal y como ella misma ha dicho, además de irregular es inaceptable. Ante este anuncio no han faltado voces cargando otra vez más contra Díaz, acusándola de 'poner en jaque' a sectores importantes de nuestra economía como son la hostelería y el turismo, entre cuyos propietarios, por cierto, aún hay quienes consideran 'normal' jornadas laborales de doce horas o más, así como el pago de retribuciones en negro, burlando cotizaciones tributarias y alimentando la precarización laboral.
Todos conocemos personas inmersas en esa desesperante trampa. Frente a ello, raro es el día que los magazines televisivos no recogen quejas sobre las dificultades que ante la campaña veraniega tienen algunos negocios para contratar camareros, dependientes, temporeros o personal especializado. Quienes de ello se lamentan, lo hacen con desparpajo, como si no supiesen muy bien por qué algunos de cuantos buscan trabajo ya no están dispuestos a aceptar semejante explotación.
Es sencillo hablar sobre esta jodida realidad sin estar sometido a la presión de necesitar un mínimo de ingresos con los que poder vivir, sacar adelante a una familia o iniciar un proyecto de vida independiente, especialmente por parte de nuestros jóvenes. Cierto, que cada persona es un mundo y cada cual sabe mejor que nadie las circunstancias que le aprietan. Por ello, las iniciativas gubernamentales para combatir cuantos abusos se dan en el mercado laboral y asegurar el cumplimiento de las normas que lo regulan merecen ser bien recibidas, aplaudidas y apoyadas, pues de su efectividad nos beneficiaremos todos, incluso, aunque les cueste admitirlo, aquellos ofendiditos empleadores cuya codicia les invita a puentear la legalidad y aprovecharse de quienes, más precisados que otros, se ven forzados a aceptar 'lo que sea' por asegurarse unos euros a fin de mes, que ya sabemos cómo andan de desbocados los precios.