Las protestas de agricultores y ganaderos, que llevan casi un mes en pie de guerra para reclamar entre otras cosas unos precios justos para sus productos, han puesto en evidencia el profundo malestar que existe en el campo, aquejado por numerosos males desde hace ya demasiado tiempo. También se han convertido en una de las mayores preocupaciones políticas del Gobierno, que no se esperaba esta rebelión generalizada del sector primario nada más arrancar la legislatura. Para intentar mitigar esta crisis, el Consejo de Ministros de esta semana ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes. Entre los puntos clave de la nueva normativa se recoge la necesidad de establecer contratos escritos en los que quede reflejada la cuantía mínima del coste de producción, una de las principales reivindicaciones agrarias.
Con esta reforma de la ley de la cadena alimentaria de 2013, ningún intermediario podrá vender por debajo de esos costes y se prohíben las promociones comerciales que devalúen la calidad del género. Para lograr una formación de precios más transparentes se usarán mecanismos de presión como las sanciones. La venta a pérdidas de un alimento tendrá una multa de hasta 100.000 euros. No se trataba de buscar culpables, sino soluciones, y la principal es que cada eslabón de esa cadena (productores, distribuidores y supermercados) reciba la retribución que merece por el trabajo que hace. El principal riesgo de estas medidas es que pueden llegar a repercutir sobre el precio final y acabar perjudicando al consumidor, algo que aún nadie ha atinado a explicar cómo se evitará.
Por de pronto, los agricultores agradecen estos pasos del Gobierno para intentar equilibrar las condiciones de mercado, pero mantendrán sus protestas porque creen que las medidas son aún insuficientes. Se equivocaría quien pensase que se van a resolver en dos semanas los males que aquejan al campo. Siendo el problema más urgente, el de los precios no es el único. La agricultura española también requiere que las autoridades europeas aumenten el control de los productos que llegan de terceros países para evitar la competencia desleal y reclama medidas contra los aranceles y barreras comerciales impuestos por EEUU, Rusia o, en un futuro, por el Brexit. Pero, fundamentalmente, el sector primario está muy pendiente y preocupado por las noticias que llegan desde Bruselas, donde se discute la dotación de fondos con la que contará la próxima Política Agrícola Común (PAC). Estas ayudas benefician al año a más de 700.000 agricultores y suponen cerca del 30% de sus rentas medias. Un tijeretazo en el gasto europeo para ayudas agrarias podría ser letal para muchos. El problema es que el margen de maniobra del Gobierno para contentar a los agricultores y ganaderos españoles puede que no sea tan holgado y expeditivo.