El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, se ha referido a la recién aprobada Ley de Memoria Democrática y su aplicación, que los servicios jurídicos de su partido están trabajando para articular el mejor procedimiento para «saber cómo aplicamos la norma en la región». Crespo hace hincapié en cumplir la Ley en el caso de la cripta del Alcázar de Toledo, en la que se encuentran el general José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, los que define como «dos golpistas que están enterrados en un edificio propiedad del Ministerio de Defensa».

En este punto, y apuntando el artículo 38.3 de la norma aprobada, el coordinador considera que «existen argumentos suficientes para se cumpla una reivindicación que esta formación lleva décadas exigiendo», ya que «esa presencia supone un retroceso de los avances democráticos y, ahora, una ilegalidad».

No en vano, según Crespo «se están perpetuando los privilegios que los golpistas siguen disfrutando gracias a los recursos públicos tras fin de la dictadura franquista». Concretamente este privilegio reside en el derecho de que en torno a 200 golpistas fueron enterrados en un hipogeo de acceso restringido situado en ese edificio público propiedad del Estado, en concreto en una cripta de acceso privado».

Crespo en un acto hace escasos días. - Foto: Yolanda Lancha

En este mismo sentido, Juan Ramón Crespo ha apuntado que la labor jurídica de la formación también se están centrando en el cambio de denominación de algunos municipios de la región, «como Numancia de la Sagra, Alberche del Caudillo y Llanos del Caudillo» porque el artículo 35.2 contempla que las denominaciones «no deben enaltecer a golpistas que se sublevaron contra el Gobierno democrático de la República».

Sobre la manera de proceder en ambos casos, el coordinador regional de IU ha explicado que «aunque no deberíamos ni tener que intervenir por tratarse, el Alcázar, de un edificio público, estamos estudiando a quién debemos enviar el requerimiento, si al Ministerio de Defensa o a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática», trámite que, sea como fuere, «debe propiciar el respeto de una Ley aprobada en el parlamento».