Tras escuchar el pasado miércoles las sucesivas intervenciones del todavía ministro del Interior, Grande Marlaska, en el Congreso, me telefoneó un oficial retirado de la Guardia Civil, y escuetamente me recomendó: «Lea usted el libro Sangre, sudor y paz, de Sánchez Corbí, Gonzalo Araluce y Lorenzo Silva, luego, si quiere me llama». Busqué el libro, me lo empapé en una noche, y naturalmente que llamé a mi interlocutor, que me dijo: «Ayer no le quise añadir el subtítulo del libro, es este: La lucha contra ETA de la Guardia Civil». Me añadió: «Verá usted quiénes son los personajes a los que nosotros hemos tenido más agradecimiento?» «¿Cuáles?», le pregunté. Me contestó: «Los jueces Garzón y Marlaska?». «Y, ¿ahora qué piensan?», le repliqué. Respondió: «Que ¡cómo cambia la moqueta de un Ministerio!». No hablamos mucho más: el oficial, esa es la impresión que tuve cuando terminamos la corta charla, se reservaba o su dolor o su enfado, pero no lo quiso expresar palmariamente.
Traigo a colación este episodio porque puede ser emblemático del sentimiento generalizado que ahora mismo, después de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, anida en el Cuerpo. El coronel dirigió personalmente la liberación de Ortega Lara; conocía muy bien las claves de la organización terrorista y pidió seguir con la investigación del secuestro que en algún momento incluso se quiso abandonar.
Tras su destitución, vino la dimisión del teniente general Laurentino Ceña quien, como último servicio a sus guardias, impidió que otros dos generales, Díaz Alcantud, Mando de Personal, y Rafael Galán, Mando de Apoyo, le siguieran en la decisión. Ceña les convenció así: «Con un toque, el mío, basta». Esta es una noticia real que no ha trascendido pero que volvió a recrudecerse cuando el jueves, de nuevo, Marlaska, furioso, destituyó también a otro general: Fernando Santafé. Los profesionales del Cuerpo se preguntan ahora: ¿Quién será el próximo?
El miércoles también escuché emocionado el tremendo alegato de la diputada popular por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, que en uno de los momentos de su intervención vino a evidenciar las diferencias entre el Marlaska juez y el Marlaska ministro del Interior. Al final de la sesión de control, la hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinados él y su mujer Ascensión por los disparos de los criminales de ETA, «el brazo militar de Bildu», me envió una guasap enormemente descriptivo: «Nosotros no hemos cambiado, él sí». Realmente este cronista tiene, creo, una explicación para este cambio: no hace siquiera cinco meses que un grupo de periodistas (algunos escriben en los periódicos de este Grupo) tuvimos una reunión con este ministro. Marlaska estaba eufórico porque, según sus palabras, «había encontrado por fin su vocación». Como los colegas y este cronista nos quedamos sorprendidos por la revelación, le pedimos alguna aclaración al respecto y no dudó. «Ya no volveré a ser juez, me encanta lo que hago y estoy totalmente comprometido con el proyecto del presidente», dijo reverenciosamente. Por entonces Sánchez ya había ofrecido muestras suficientes de su nulo respeto por la verdad. ¿Ha contagiado el presidente a su ministro esta tara? Juzguen esta aseveración del vasco en la citada sesión del Parlamento: «No conozco para nada el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M». Toda España lo ha leído porque está publicado; Marlaska, no. «A veces -me decía esta semana un buen amigo de la profesión-, los políticos son como esas vacas raquíticas que, en vez de dar leche, dan pena».
O una cierta hilaridad que es la que se produjo más de una vez en los bancos del centro derecha cuando hablaba el propio exjuez o el conocido politólogo Pablo Iglesias. Realmente, las imputaciones del vicepresidente segundo no producen risa, causan más bien desasosiego e irritación. Metido como está el Ejecutivo en la tarea de homologar al PP con Vox, Sánchez, Iglesias, Lastra y demás banderilleros del jefe del Gobierno no pierden comba. El hecho de criticar la destitución, que no cese, del coronel Diego Pérez de los Cobos, mueve a Iglesias a responsabilizar a estos partidos de estar alentando la sublevación de la Benemérita. Demasiado. ¿Hay que recordar cómo el ahora vicepresidente del Gobierno de España, reconocía «sentir gran placer viendo cómo se apalea a los policías»?
Ya pude avisar en otra de estas crónicas semanales de que a este Gobierno le van a llover las querellas. La de la juez Rodríguez-Medel está ya decidida, pero ya existen una cuarentena de causas abiertas más contra la gestión gubernamental en el ataque al maldito virus. El procedimiento que, en opinión de ciertos juristas, será el más comprometido, afectará a los culpables de las ocultaciones, que las ha habido, sobre el número de fallecidos que ha causado la COVID-19.
La semana pasada asistimos acongojados y extrañados a tres giros copernicanos en la comunicación de los decesos: un día, de sopetón, el dúo Illa-Simón rebajó la cifra en 200 muertos, otro la volvió a subir, y para colmo el mismo jueves el MOMO, el Sistema de Monitorización de los Registros Civiles, o sea, del Ministerio de Justicia, reconoció, ya sin ambages, que el dato era tan estremecedor como este: 43.000 personas fallecidas a casa del virus y sus complicaciones. La estimación fue refrendada inmediatamente por el Instituto Carlos III, que depende de Sanidad. Hay más: después de otro movimiento ambiguo e ininteligible, Sánchez y sus peones de brega, Illa y el depauperado Simón, formulaban este diagnóstico para la Comunidad de Castilla y León: Muertes esperadas (¿eso es una adivinanza?) 3.515; Muertes registradas hasta el 20 de mayo, 7.068; Muertes registradas hasta el 27 de mayo, 7.093; Exceso de mortalidad al 20 de mayo, 101 por ciento. No es fácil entender este enredado sudoku. Y ya, sumidos en la confusión, el miércoles nos comunicaron que únicamente se habían registrado 39 fallecimientos. «¡La gallina!» suele gritar un conocido cuando le quieren dar gato por liebre.
No hay que pensar que, con estos datos si es que al final son los correctos, el doctor Simón pudiera sentirse, como ha presumido en varias comparecencias, contento. Él, como todas las instituciones del Estado que dependen directamente de los dictados de La Moncloa, exhiben sus mejores galas dialécticas para exculpar al Ejecutivo social comunista de cualquier culpabilidad en la administración de la tragedia.
Demasiado sufrimiento
En este ambiente, la Guardia Civil, el estamento mejor valorado por los españoles, está sufriendo demasiado como para que se la revuelva por dentro. Hasta la Abogacía del Estado se ha puesto a las órdenes de Sánchez para imputar a los investigadores del 8-M errores e incluso intención declarada de dañar al Gobierno. Que se sepa, ha sido la Benemérita quien ha enterrado a los muertos a los que La Moncloa ni siquiera les proporcionaba el amor de sus cercanos. Respeto para los 40.000 españoles que se han ido. Al Ejecutivo, a falta de otra sensibilidad, se le debe pedir que, como rimó Quevedo, viva «en conversación con los difuntos y escuche con sus ojos a los muertos». Nuestros 40.000 compatriotas no se han dejado la vida para que se siga jugando con ellos.