Un primer paso hacía la normalización de la convivencia. Así ven en la empresa pública Gicaman la primera sentencia firme por la vía penal contra uno de los pisos okupados en los conocidos como 'Pisos Negros' del Polígono.
Esta misma semana se produjo la entrada en el inmueble, que acababa de ser abandonado por sus ocupantes de forma precipitada, hasta el punto de dejarse un radiador encendido. La autoridad judicial, y un agente de Gicaman, la empresa de vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedían a ejecutar la desokupación dictada por un juzgado.
Se trata de la primera sentencia penal firme contra la situación de okupación que se vive en las 148 viviendas de Gicaman en el Polígono, en donde hace ya dos años que se rompió la convivencia debido a la llegada de okupas de la periferia de Madrid, trasformando el conflicto más en una cuestión de orden público que en un problema de servicios sociales.
Según las distintas investigaciones policiales realizadas en los últimos años en los 'Pisos Negros', durante los primeros meses de la pandemia, allá por abril de 2020, cuando todo el mundo estaba teóricamente confinado, muchos de los okupantes actuales de las 148 viviendas se trasladaron a Toledo aprovechando que quedaban unos 30 pisos sin adjudicar.
Gicaman se encontraba entonces en proceso de asignar las viviendas, teniendo ya incluso familias con riesgo de exclusión social seleccionadas para entrar a vivir en la promoción. La sorpresa fue cuando se dieron cuenta de que, poco a poco, pero de forma contante, los 30 pisos que quedaba vacíos fueron okupados por personas que no tenían intención de pagarlos.
Tras la okupación, comenzaron los problemas de convivencia, especialmente de tráfico de drogas, aunque también prostitución. Las amenazas al resto de vecinos, inquilinos legales de sus viviendas, fue el siguiente paso, hasta desembocar en una situación de conflictividad que ha explotado en los últimos meses, sobre todo a raíz de la muerte de un joven en un parque aledaño a manos, según consta en la investigación policial, de un individuo disfrazado con una máscara de halloween que salió del parking subterráneo de las 148 viviendas.
Gicaman lleva dos años con acciones civiles y penales contra los okupas de sus viviendas, siendo esta la primera resolución judicial firme y un rayo de esperanza para recuperar los pisos.
Cada proceso sigue su curso de forma independiente, por lo que actualmente se calcula que hay aún una veintena de okupas.