Surrealista y dantesca. No se puede calificar de otra manera la imagen que se encontraron los agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Toledo la pasada semana tras recibir un aviso en la zona de Montesión. Allí, diseminadas en el suelo, se encontraron en torno a 150 gallinas muertas. La brutalidad de la escena iba más allá, ya que los animales habían sido decapitados antes de depositarlos en la zona.
La primera impresión de los agentes, que acudieron tras un aviso ciudadano, fue pensar que los animales podían estar enfermos y fueron sacrificados masivamente por su propietario. Desde el pasado año en España se ha declarado la alerta ante posibles brotes de gripe aviar. Castilla y León es una de las zonas más castigadas hasta la fecha, con casos confirmados en más de una veintena de explotaciones ganaderas, una situación que se ha extendido hasta Andalucía, en donde las cifras de casos ya van a la par.
La gripe o influenza aviar (conocida también como gripe del pollo) es una enfermedad avícola causada por ciertos tipos de virus que normalmente infectan a las aves. Esta enfermedad es causada por varios virus de la gripe tipo A.
En los pollos, los signos clínicos de alta patogenicidad son una combinación de síntomas respiratorios (jadeo, tos) y digestivos (diarrea extrema) seguidos por muerte rápida. Puede presentarse hinchazón alrededor de la cabeza, cuello y ojos, así como también moretes alrededor de la cabeza y las patas.
Trabajadores del área veterinaria de Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se encargaron de retirar los cadáveres de las gallinas, y se les practicaron diversos análisis que, según ha tenido acceso La Tribuna, descartan que estuvieran contagiadas por gripe aviar.
La Patrulla Verde de la Policía Local ha abierto una investigación para descubrir al responsable del sacrificio ilegal y el motivo del abandono de los cuerpos.
Según la Ley, en Castilla-La Mancha, realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones legales y de la normativa aplicable está catalogado como una infracción muy grave, con multas económicas que pueden fluctuar entre 9.001 a 60.000 euros. Además, se pueden aplicar castigos como el cierre de explotaciones o la prohibición de poder tener animales.