262 acusados a penas de prisión por violencia de género

M. G.
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El fiscal jefe llama la atención sobre la gran cantidad de sentencias condenatorias, un 62,2% en 2018. También pone especial atención sobre el aumento de violencia filioparental en la provincia.

El Palacio de Justicia de Toledo. - Foto: David Pérez

La actividad judicial continúa analizando con detalle la problemática de la violencia de género, una materia muy sensible y de importante incidencia en la provincia. La memoria anual de la Fiscalía Provincial de Toledo refleja unos porcentajes bastante positivos en relación con la actividad judicial, ya que el año pasado se dictaron 986 sentencias condenatorias, un 62,2% frente a un 37,8% de absolutorias. La estadística da mucho de sí porque permite analizar la incidencia de estos asuntos en los juzgados en 2018, un año en el que los jueces emitieron 109 sentencias condenatorias más y una docena menos de fallos absolutorios que el año anterior.
En este caso, el fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, resalta la   gran cantidad de condenas que se impusieron a los procesados en relación a las absoluciones. En este contexto, las penas se tradujeron en 262 condenas a prisión, ocho menos que en 2017, otras 357 con trabajos en beneficio de la comunidad. Por otro lado, también se contabilizaron 240 suspensiones de condena. 
Los datos incluidos en la memoria de la Fiscalía informan también de que en la mayor parte de los casos los agresores eran pareja de hecho de las víctimas, en total 335, y en otros 282 lo habían sido, pero ya no les unía un vínculo sentimental. El resto de los datos se completa con los cónyuges y los excónyuges, 66 y 198 casos, y otros 105 más en los que existía un noviazgo como razón de parentesco. 
En relación a los menores, la Fiscalía únicamente recoge tres casos de violencia de género en 2018, y quizá en comparación con los datos recogidos sobre delitos cometidos tras la mayoría de edad no sean significativos, pero se empieza a visibilizar la problemática que están denunciando las asociaciones que trabajan con menores, ya que observan un aumento de actos y delitos relacionados con la violencia de género entre menores, una realidad que empieza a salir a la luz y que exige medidas preventivas. 
En este caso, desde la Fundación Luz Casanova, experta en la materia, se apunta que parte del problema se encuentra en la manera en la que los jóvenes están aprendiendo la sexualidad desde la pornografía, lo que genera muchos casos de violencia sexual. También los delitos relacionados con las nuevas tecnologías se han multiplicado que provocan que el adolescente «se sienta vulnerable», según explicó la presidenta del colectivo, Julia Almansa, a La Tribuna recientemente.
Algunos estudios también ayudan a evaluar el comportamiento y la opinión de los jóvenes. El Barómetro 2017 del ProyectoScopio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD refleja que el 27,4% de los jóvenes entre 15 y 29 años cree que la violencia de género «es una conducta normal en el seno de una pareja», un porcentaje que también empieza a generar cierta alarma.
violencia doméstica. El fiscal jefe de Toledo presentó la memoria de 2018 hace unos días y llamó la atención sobre un fenómeno que cuesta visualizar todavía, «la violencia filioparental», la de hijos a padres, hermanos y abuelos. En este caso, señaló un aumento importante de casos que llegaron a los tribunales el año pasado y confirman el agravamiento de esta problemática, que no es tan aislada como pueda parecer en la esfera pública. En Toledo, hubo 38 casos en sólo 12 meses, mientras que en 2017 no se registró ninguno. 
El problema cobra tanta importancia que incluso la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha puesto en marcha hace unos meses el título de experto de Intervención en Violencia Filioparental debido, en buena parte, a ese aumento vertiginoso y por los datos judiciales que se desprenden en general, ya que tres de cada cuatro denuncias presentadas ante la Fiscalía de Menores guardan relación con la violencia filioparental. Quizá en Toledo todavía no se alcanza esa proporción, pero el tema sí suscita una profunda preocupación entre los jueces, los fiscales y el resto de operadores jurídicos. 
Los indicadores no son muy halagüeños porque el año pasado los tribunales españoles contabilizaron más de 5.000 denuncias por los delitos que cometieron los menores contra sus familiares. Si bien, el porcentaje de violencia verbal suele ser muy superior a la física. Aun así, el tema lleva calando tiempo e incluso el Congreso aprobó la puesta en marcha de un estudio de investigación en colaboración con las comunidades autónomas a finales de 2017 a fin de aplicar las medidas necesarias para poner freno a esta problemática.

 

El Consejo de la Abogacía de CLM negocia con la Junta el convenio para asistir a víctimas de violencia

Las críticas y las discrepancias han ido apaciguándose con el tiempo y, sobre todo, con la negociación que mantiene la Consejería de Igualdad- de la que depende el Instituto de la Mujer- y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, que integra a los seis colegios de abogados de la región, con el objetivo de obtener un futuro convenio para la asistencia a víctimas de violencia de género.
Hasta ahí, ambas partes lo tienen claro, pero lo cierto es que los abogados denunciaron públicamente el año pasado que el Gobierno regional había firmado un acuerdo con la empresa Amformad (Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo) para que estableciese un servicio de atención gratuito destinado a estas mujeres víctimas, a través de una subvención de 230.000 euros, cuando existía un convenio entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía que cubría de forma gratuita los colegios de abogados de la región, incluidos el de Toledo y el de Talavera de la Reina.
Además,  se entendía que se estaba duplicando un servicio de gran calidad y el colectivo se sintió discriminado porque la Junta nunca desvió más de 30.000 euros como ayuda. Las críticas se sucedieron en otoño de 2018, la problemática terminó en los tribunales y los abogados están a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) «sobre una subvención directa de la administración a una empresa privada», explica Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo.
En relación al futuro convenio, asegura que los colegios de abogados tienen clara la necesidad de que este servicio de asistencia y asesoramiento profesional gratuito, a cargo de los abogados del turno de oficio especializado en violencia de género, incluya también a las víctimas de violencia sexual, ya que son las que menor amparo tienen en en este sentido. 
En el acuerdo que mantenía el Consejo de la Abogacías no figuraba a pesar de que la Junta sí lo incluyó en el servicio al que se comprometió la empresa Amformad a través del programa ‘Contigo’, con la colaboración del Ministerio de Igualdad , una medida contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En el convenio, según Cervantes, cabría la posibilidad también de que la Junta incluya una partida destinada «a formación especializada» y se abonen los gastos derivados de estas acciones. En otras provincias, como ocurre en Valladolid, por ejemplo, el Gobierno regional lo financia y este año se ha gastado unos 25.000 euros en el curso de violencia de género, al que asistieron 250 letrados, celebrado el mes pasado.
más profesionales. La última renovación del convenio suscrito entre la Junta y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha se produjo en el año 2016. Si bien, los colegios de abogados entienden que el convenio es muy productivo porque garantiza una atención inmediata, continua y permanente a las víctimas para que no puedan encontrarse desamparadas en ningún momento. 
Cervantes reconoce que la incidencia de los delitos relacionados con la violencia está ofreciendo cifras importantes en los últimos años, con lo que también sería útil, en su opinión, que el acuerdo también contase «con un abogado más de refuerzo» en Toledo, una petición extrapolable al resto de provincias de la región, debido al volumen de actividad, la gran cantidad de partidos judiciales y las distancias que ofrece la provincia. 
De momento, no se ha dado a conocer una fecha para la puesta en marcha del convenio y todo indica que la Junta y el Consejo de la Abogacía seguirán negociando las próximas semanas para alcanzar un acuerdo lo antes posible.