La interrupción en el suministro de cereal y piensos compuestos que ha sufrido la ganadería como consecuencia de la huelga de transportistas, ha provocado una situación límite sin precedentes en la región que nunca debió ocurrir. Tanto que las principales fábricas y centros neurálgicos de elaboración de alimentación animal como la cooperativa Avicon de Consuegra  (Toledo), con más de 1.000 socios, así como otras instalaciones, se vieron abocadas a parar máquinas por falta de materias primas y subproductos.

A pesar del cortocircuito que ya había provocado la guerra con la pérdida de mercados tan estratégicos como Ucrania y Rusia que ha disparado más los precios, había mercancía en el puerto de Cartagena pero no manera de traerla a destino por la acción de los piquetes informativos de la plataforma convocante, según los afectados, y por el miedo instalado en las rutas ante la falta de protección y supuesta impunidad en acciones violentas denunciadas a las puertas de grandes mataderos, por ejemplo, como el de Valdepeñas.
El mismo lunes, pocas horas después de iniciarse los paros en todo el país, se encendieron las alarmas pero pasaron desapercibidas, sin consecuencias, ante la desesperación de todo un sector productor e industrial que iba agotando silos y reservas. Entretanto, en el exterior, el espectáculo mediático, el fogueo fallero de las clásicas acusaciones políticas, de si los camioneros autónomos eran más o menos representativos, de si había o no una interlocución clara, mientras los cebaderos planificaban las primeras cargas selectivas de animales para mandarlos forzosamente a sacrificio. Había que racionar el pienso para minimizar el desastre.
El viernes, al fin, salió un convoy de 28 camiones conducidos por compañeros de los mismos manifestantes que, escoltados por la Guardia Civil, tenían la misión de devolver la normalidad a la cadena de suministros más básica que nunca debió ser atacada. ¿Por qué no se pudo hacer antes? Mal por los que no calibraron las consecuencias de interrumpir esas mercancías esenciales que siempre debieron estar blindadas por los servicios mínimos, poniendo en riego el abastecimiento a la población. Pero mal también por los que minimizaron el conflicto mientras muchos animales, hasta 100.000 cabezas corrían el riesgo de morir por inanición en los cebaderos de Menasalbas (Toledo), según el lamento desesperado de los criadores.
Destaca en esta crisis la movilización de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) a la hora de buscar una salida, y mediar en favor de las organizaciones de vacuno, avícolas, porcino, las industrias de transformación y otras interprofesionales cárnicas, al ver que se avecinaba, en la provincia con más del 33% de la actividad agroalimentaria de toda la comunidad, un problema de bienestar y sanidad animal si esas cabañas empezaban a acumular cadáveres a la espera del camión de incineración. Asimismo, como igualmente reconocen los afectados, la implicación del viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, más cómodo siempre en la gestión discreta, pero tantas veces disponible para coordinar y resolver crisis de cualquier nivel.
Más allá de otras consecuencias que después sucedieron como la paralización de las industrias lácteas de FENIL que alguna organización agraria, por cierto, ha valorado como 'extraña' en el río revuelto del corte de los suministros por la 'aparente normalidad' en las entregas de leche en regiones como la nuestra, lo que queda del caso es la necesidad de revisar los mecanismos legales de reacción ante cualquier ataque, directo o indirecto, a los bienes más sagrados.
Ninguna reivindicación gana legitimidad si con su acción de protesta dinamita las bases del sistema de abastecimiento más elemental donde también hay trabajadores con problemas parecidos. Algunos tractoristas -de hecho- mostraron su solidaridad acompañándoles con su maquinaria pesada en la reivindicación en cruces y piquetes informativos de Fuente el Fresno o Tomelloso, en Ciudad Real. Acaso, los convocantes autónomos ¿perdieron la perspectiva?