Izquierda Unida-Podemos denuncia un «incumplimiento flagrante» en el contrato de parques y jardines del Ayuntamiento de Toledo porque la adjudicataria se había comprometido a ampliar la plantilla con trece «auxiliares jardineros» que a día de hoy no han sido incorporados. José María Fernández considera que es otra demostración de que al Gobierno municipal «no le importa la calidad del servicio» y que los gastos realizados con las contribuciones de los toledanos «van a empresas cuyo objetivo es ganar dinero».

El portavoz municipal de IU recuerda que los parques son gestionados por el 'Grupo Raga' que en la licitación de 2020 se hizo cargo de 47 trabajadores a subrogar y un contrato de 3 años por el que percibe 2,2 millones anuales. Explica que en ese concurso se añadieron 300.000 metros nuevos de zonas verdes a cuidar y la adjudicataria prometía que en temporada alta (de marzo a septiembre) haría más contrataciones: 1 ingeniero y 13 auxiliares jardineros.

Por lo tanto son 61 personas que «hoy no están» en la nómina de manera que a marzo de 2022 las condiciones no se han cumplido porque «tiene 48 trabajadores» según les dicen en un informe pedido por IU.

Fernández recuerda que el Ayuntamiento adjudicó a la oferta económica más ventajosa que redujo el precio un 11,31% y opina que el Gobierno les ha «compensado» con el contrato de desbroce, la apertura y cierre de parques y también realizando planes de empleo en zonas «privatizadas», por ejemplo el talud de la carretera entre el parque del Crucero y la Estación de Autobuses.

El concejal de IU denuncia que Raga tiene «dos zonas olvidadas» como son los parques periurbanos de la Fuente de Moro y la Bastida, quizá porque todo ese terreno queda a cargo de esa única persona nueva y el resultado son zonas verdes en «estado lamentable».

Esto se añade a que hay un acuerdo de Pleno para adecentar la Bastida como zona de ocio y deporte alternativo que no se ha cumplido y que la reforestación de la Fuente del Moro se deja a Unicaja  «una entidad que no se preocupa por sus trabajadores ni por lo mayores», para blanquear su imagen.

Desde IU creen que no se fiscalizan los contratos como se debe ya lo hace la adjudicataria de forma indirecta siendo la que propone una terna de auditores entre la que elige el Ayuntamiento.

En su opinión esta contrata no es eficaz en su trabajo y debería ser «motivo de resolución del contrato» si bien se queja de que en Toledo «es habitual» que no se resuelvan los contratos sino que se ponga alguna sanción económica que  asumen sin problemas.