El Gobierno de Castilla-La Mancha centrará su acción en la recta final de la legislatura, y hasta las elecciones del 28 de mayo de 2023, en la creación de empleo en la región como «piedra angular» de sus políticas.

Así lo manifestó este viernes el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, en Tarancón (Cuenca), donde el Ejecutivo reunió a todos los representantes de sus consejerías y delegaciones provinciales para marcar las líneas estratégicas de cara a los próximos meses.

Martínez Guijarro señaló que todo el Gobierno regional está «convencido» de que cumplirán con los compromisos adquiridos por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, tanto en su programa electoral como en el debate de investidura y en los posteriores debates sobre el estado de la región.

En este sentido, dijo que, pese a haber sido una legislatura «nada convencional» por las crisis sanitarias y económicas y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, «nunca vamos a utilizar la excusa de las crisis para decir que no cumplimos nuestros compromisos».

Compromisos que se resumen en revertir los recortes y la situación social que había dejado el Gobierno 'popular' de María Dolores de Cospedal en materia de servicios públicos, y revertir también la situación de «desgarro social» con el objetivo de devolver a la comunidad autónoma a la senda del diálogo.

Según el vicepresidente, «todo esto lo hemos cubierto durante los últimos años» de manera que Castilla-La Mancha se ha convertido en la región donde más crece la ocupación laboral, y se han recuperado y reforzado los servicios públicos con multitud de inversiones en infraestructuras y personal.

Ahora, dijo, se trata de planificar el final de la legislatura y la aprobación de unos presupuestos para 2023 que serán clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes y atender las prioridades marcadas.

A este respecto, ha indicado que estas prioridades pasan por atender las necesidades del tejido productivo para impulsar la actividad económica, manteniendo el apoyo a las empresas ya ubicadas en la región y atrayendo nuevos proyectos empresariales; y tomar las medidas necesarias para la protección de las familias y los sectores más vulnerables para «no dejar a nadie atrás».

Para ello, el Ejecutivo seguirá reforzando los servicios públicos, concluirá las infraestructuras en curso e impulsará otras nuevas, incorporará profesionales a los servicios para consolidarlos y mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos.