El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha ratificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2021 (impuestos, tasas y precios públicos locales) con los votos del PSOE y de su socio preferente, el concejal no adscrito que garantiza al equipo de Gobierno la mayoría absoluta un mes tras otro. La propuesta tiene que publicarse ahora en el Boletín Oficial de la Provincia para abrir un periodo público de alegaciones y después volverá al Pleno para su aprobación definitiva. Las modificaciones principales son la bajada del IBI un 0,5%; la suspensión de la tasa de apertura para establecimientos de comercio y empresas en general; la congelación del resto de impuestos y tasas; nuevas facilidades en la tramitación; y más plazos para efectuar los pagos.
La concejal de Hacienda, Mar Álvarez, dice que el Ayuntamiento de Toledo no se puede permitir ir más allá en sus rebajas porque este año, en seis meses de pandemia, ha ingresado 6 millones de euros menos de lo previsto y gastado 1 más.
Pensando que el año acabará con 15 millones de euros en caja, y que el virus va a seguir haciendo daño durante el ejercicio próximo con unos efectos económicos similares (perder 1 millón de ingresos cada mes y que cada seis meses haya un millón de gastos extraordinarios) queda de margen un millón de euros y debe imperar la prudencia para que haya capacidad de afrontar los compromisos.
En esa línea de contar el céntimo rechaza varias propuestas de la oposición por el «vértigo» que le produce el coste que tendrían. Por ejemplo, calcula que las enmiendas de Ciudadanos rondarían los 8 millones de euros de merma en la recaudación y conduciría al recorte de los servicios públicos y las ayudas a quienes más lo necesitan. Esteban Paños, portavoz de Cs, opina que Álvarez es muy mal contable y estima que en realidad sus enmiendas no costarían más de 800.000 euros.
Por cierto, Álvarez admite a Paños que el nuevo hospital debe pagar 1,4 millones de IBI pero informa que el Sescam ha recurrido y que teme que van a emplearse a fondo, incluso en los tribunales, para no pagar, así que no cuenta mucho con ese ingreso real (si está en la contabilidad).
Peor todavía es lo que la edil de Hacienda dice de las propuestas del PP y Vox que, solo con el IBI (bajar el coeficiente a 0,4), asegura que supondrían 11 millones de euros menos de recaudación. Se remite a un informe de la Tesorería según el cual bajar de 0,446 a 0,444 cuesta 382.000 euros, por lo tanto ir a 0,4 sería «una bajada 22 veces mayor y el cálculo sencillo supone dejar de recaudar 11 millones de euros de IBI» (en realidad en esa multiplicación salen 8,4 millones).
Más adelante Álvarez repartió unos gráficos para demostrar que con el PSOE la curva de la presión fiscal del IBI ha descendido pero se vale de una argucia ya que no se refiere a la recaudación sino al tipo de gravamen y oculta que el 2008 con la revisión catastral los recibos experimentaron un inicio de incrementos sucesivos que duplicaron lo que se pagaba.
Claudia Alonso, por el PP, acusa a Álvarez de «engañar» a los ciudadanos y, sobre todo, de fallar en la receta económica. Opina que para que el Ayuntamiento mantenga su capacidad lo que hay que hacer es bajar impuestos, traer más contribuyentes (incluidas empresas) y con esa base mayor aumentar la recaudación.